La ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, depositó esta mañana la fianza penal de 350.000 euros que le impuso el juez instructor del caso Maquillaje, Ignacio Lope Sola, tras tomarle declaración, para eludir la prisión provisional, según confirmó a Europa Press el abogado de Munar, Gabriel Garcías.
Así, el letrado de Munar también manifestó que recurrirá el auto judicial en el que el magistrado dictó el pasado miércoles dicha fianza, mediante un recurso de reforma que presentará ante el mismo juzgado. En este sentido, Garcías también informó que ha recurrido la fianza por responsabilidad civil de 2,6 millones de euros dictada por el juez por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su posible implicación en el caso Maquillaje.
El juez dio de plazo hasta las 14.00 horas de hoy, viernes, para que la ex presidenta de UM haga efectivas las fianzas. En caso de no abonar la segunda fianza, el juez ordenaría el embargo de los bienes de la encausada.
Ocultación de gastos electorales
El juez instructor del 'caso Maquillaje', Juan Ignacio Lope Sola, imputa a la ex presidenta del Parlament Maria Antònia Munar un delito electoral por «ocultar gastos electorales a las autoridades competentes», según el auto que dictó en el que le impone una fianza penal de 350.000 euros, y otra civil de 2,6 millones.
Esos gastos electorales no declarados, según el magistrado, corresponden a aportaciones de Vídeo U a la campaña de Unió Mallorquina en 2007, en la que Munar, presidenta de ese partido, se presentaba como la número uno de la lista de dicha formación al Parlament de Balears.
El 50% del capital social de Vídeo U, administrada por Miguel Oliver, pertenecía a la propia Munar y a Miquel Nadal, que controlaban la sociedad audiovisual a través de dos presuntos testaferros, Víctor García y Miguel Sard, respectivamente, según consta en el sumario. Nadal ha declarado que Munar le dio 300.000 euros «del partido» para realizar la operación, pero ésta lo niega de manera rotunda.
Papel clave
El juez en su auto atribuye a Munar un papel clave en el desarrollo del 'caso Maquillaje', y por eso, le imputa otros cinco delitos, además del electoral: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas.
El auto menciona subvenciones para realizar programas del ente Radiotelevisió de Mallorca concedidas a las empresas Vídeo U (por 810.000 euros), Bahía Difusión (420.000), relacionada con miembros de UM, y Xarxa de Televisions (280.000) y Àmbit Digital (480.000), vinculadas a las dos primeras.
El juez cree que Munar adquirió parte de Vídeo U junto al ex presidente de UM Miquel Nadal, algo que, recuerda el juez, han ratificado cinco imputados.
Explica que el Consell otorgó subvenciones a Vídeo U por 810.000 para varios programas, uno de los cuales ni siquiera se realizó.
Respecto a Àmbit Digital, indica que, en contrapartida de la subvención que le dio el Consell, se le exigió la contratación de al menos 14 personas que colaboraron en la campaña electoral de UM en 2007.
También menciona el juez los cinco contratos que suscribió el Consell con Studio Media Comunicación, propiedad de Alfredo Conde, presunto testaferro del ex miembro de UM Bartomeu Vicens y que se benefició de la concesión de la radio pública del Consell, Ona Mallorca.
Afirma que, a tenor de las investigaciones, la empresa no tenía «ni recursos técnicos, ni personal, ni solvencia económica» para realizar esta labor y que además se produjeron varias irregularidades en los contratos.
«En definitiva, toda la irregular contratación de Studio Media con el Consell, que no debió haberse producido desde un principio, no puede ser entendida, o así se estima al menos incidiariamente, sin la connivencia y activa participación de las personas que otorgaron dichos contratos, entre ellas Maria Antònia Munar», asegura el juez.
Hoy está previsto que la ex presidenta del Parlament constituya las fiazas penal y civil exigidas por el magistrado. Munar, asimismo, ya entregó su pasaporte y además tiene la obligación de presentarse de forma regular en el juzgado.