El magistrado José Castro establece en su auto un relato pormenorizado de irregularidades en la gestión del Palma Arena y en el Govern de Matas. El juez señala que aún es pronto para cuantificar «qué parte sería atribuible a cada uno de los imputados», si bien establece un diseño de la trama similar al que realizó el fiscal, con Matas al frente y 'Pepote' Ballester y Jorge Moisés en dos escalones inferiores y una serie de cargos políticos y administrativos «especialmente elegidos para la ocasión al objeto de actuar como figuras decorativas.
De las irregularidades del Palma Arena, el magistrado pasa a valorar el patrimonio de Matas: «Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación». Sobre las propiedades, incide de forma especial en que «no hay dudas» de que el piso de la Colònia de Sant Jordi es de Jaume Matas y de su mujer, Maite Areal.
El juez señala otros tres elementos separados del grueso de la causa: los pagos al redactor de los discursos de Matas, Antonio Alemany, el encargo de un informe a una firma de abogados que más tarde contrató al ex president y el presunto soborno pagado por la productora de José Luis Moreno. Sobre éste último, el juez señala: «Habrá que estarse a lo que arroje esta investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar». El magistrado alude al testigo que afirma haber entregado un sobre con 250.000 a Matas que no compareció.
En conjunto, el magistrado afirma que existen indicios de que Matas cometió un total de doce delitos: falsedad, prevaricación, fraude a la Administración, siete distintos de malversacón, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral. El magistrado cuantifica que podrían estar penados hasta con 64 años de cárcel, o tal y como señaló el fiscal si se le aplica el triple de la mayor, 24.