El letrado Gregorio San José defendió hoy la «absoluta falta de objetividad» del juez José Castro para investigar el incremento patrimonial presuntamente ilícito del ex presidente del Govern, Jaume Matas, en el marco del caso Palma Arena, por lo que solicitó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo dentro de este procedimiento en relación a la supuesta conexión de los bienes del ex ministro con el presunto desvío de más de 40 millones de euros públicos producido durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).
Así lo puso de manifiesto durante la vista celebrada hoy durante aproximadamente una hora en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde estuvieron presentes además el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la letrada de la Comunidad Autónoma Mari Angeles Berrocal -que ejerce la acusación particular- y el abogado de Matas, Rafael Perera.
Auto
Tras la vista, San José explicó que en caso de que finalmente el tribunal, que resolverá en próximos días en auto sobre este asunto, cuya ponente es Mónica de la Serna, decrete la nulidad de las actuaciones, «difícilmente la Fiscalía podrá reactivar las investigaciones» sobre el incremento patrimonial de Matas y, por tanto, «ya no habrá caso» en relación al tren de vida llevado a cabo por el ex jefe del Ejecutivo durante la pasada legislatura.
El fiscal, por su parte, recalcó que «no se encuentran en el mismo plano de igualdad» las diligencias informativas que en su día llevó a cabo el Ministerio Público sobre el patrimonio de Matas, ya que «supone la incorporación de un documento a un proceso judicial ya abierto», en relación al caso Palma Arena, dentro del cual el ex ministro de Medio Ambiente se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros.
Cabe recordar que San José, defensor de una de las comerciantes que proveyó de televisores de lujo el palacete de Matas, ya solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre el patrimonio del ex jefe del Ejecutivo en el marco del caso Palma Arena, una petición que fue desestimada a principios de febrero mediante un auto que posteriormente recurrió el letrado.
El abogado cuestiona en su recurso la competencia de Castro para investigar el patrimonio del también ex ministro al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en la ejecución del Palma Arena (2003-2007) acabase engrosando el patrimonio de Matas.
Un extremo que a su vez negó el principal encausado del caso en la declaración que efectuó durante tres días el pasado marzo, y tras la que el magistrado decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra el ex presidente.
Sobre Matas pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión, pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.