La Fiscalía de Area de Eivissa y la delegación del Colegio de Abogados de Balears (Icaib) en la isla han acordado las normas para el desarrollo y la aplicación práctica del protocolo que suscribieron en abril de 2009 la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española de cara a agilizar las conformidades en materia penal.
De este modo, según explicó el organismo colegial en un comunicado, se establecen una serie de pautas de funcionamiento que deberán seguir abogados y fiscales para facilitar en la práctica la aplicación de un protocolo suscrito a fin de lograr que, en aquellos casos penales en que el fiscal o el letrado vean posibilidad de llegar a una resolución consensuada, se abra un debate sobre el posible acuerdo que, de alcanzarse, supondría, «sin menoscabo de ningún derecho y dentro del estricto marco de la legalidad, una resolución más rápida, menos traumática y menos costosa de los referidos litigios».
En aplicación del protocolo suscrito en abril, la Fiscalía de Area de Eivissa ha acordado designar a Antoni Torres Tur como fiscal de enlace, mientras que el Colegio de Abogados ha nombrado como 'letrados de enlace' a Cristina Tur Sanz, delegada del Icaib en Eivissa, y Víctor Jiménez Jiménez, que se encargarán, básicamente, de mediar y resolver las posibles incidencias puntuales que puedan surgir entre el abogado y el fiscal en relación a los acuerdos de conformidad y a su cumplimiento posterior, así como responder a las consultas puntuales que puedan tener los letrados sobre la aplicación del protocolo.
Los acuerdos de conformidad a los que puedan llegar el fiscal y la defensa deberán contar con la aprobación del acusado así como, en su caso, de la parte perjudicada o acusación particular, tal y como señalaron desde el Icaib.
Con este protocolo y la consecución de posibles acuerdos se conseguirá, además, aligerar las agendas de señalamientos de los Juzgados, ahorrar a los funcionarios judiciales el trabajo innecesario de citar a todas las personas que deban intervenir en el juicio y evitar la pérdida de tiempo que para dichas personas puede suponer el comparecer ante el Juzgado únicamente para ser informados que fiscal, defensa y acusado han alcanzado un acuerdo.