El president Antich obtuvo ayer el 'sí' de Unió Mallorquina a la ley del sector público, que permitirá aumentar los controles sobre la Administración autonómica, incluidas las empresas públicas que es donde se han detectado más casos de corrupción, principalmente en la pasada legislatura, aunque también uno de los casos que investigan los tribunales, el 'caso Voltor', afecta a la legislatura actual, concretamente a Inestur, dependiente de Turisme y gestionada por UM.
La ley del sector público fue aprobada por el Consell de Govern una semana después de la expulsión de UM del Ejecutivo. UM presentó enmiendas que, salvo tres, han sido aceptadas. Esto garantiza al Govern la aprobación de la ley en el Parlament, con independencia de lo que haga el PP aunque el president balear insistió en que su voluntad es de buscar el acuerdo con todas las formaciones.
Evitar el fraude
La Ley del sector público afectará a todas las administraciones de Balears y supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989.
El sector público de las islas está formado por unos 170 entes, de los cuales más de 100 son consorcios, unas 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y cinco organismos autónomos.
Entre sus principales características destacan el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, frenar la desviación del gasto respecto los presupuestos aprobados, evitar el fraude en la Ley de Contratos y fomentar la eficacia y la transparencia en su gestión.
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