Un juez de la República Dominicana ha vuelto a dictar una orden de arresto contra los empresarios Abel Matutes Prats y Antonio Matutes Juan por la denuncia interpuesta por la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos contra la Torre de Plata, un edificio que impulsa el grupo empresarial. Según informa el periódico digital 'El Nacional', los vecinos les acusan de levantar un edificio de nueve plantas sin contar con los debidos permisos. También se ha ordenado el arresto de José Francis Bonet Gambins, representante de Adecu Business, S. A.
Sin validez
Fuentes jurídicas de Empresas Matutes aclararon ayer que esta orden de arresto es un «sinsentido» y «no tiene ninguna validez» porque existe ya una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (el equivalente al Tribunal Supremo en España) fechada en octubre que absuelve a los empresarios ibicencos. Desde el grupo recuerdan que no se puede volver a enjuiciar a las mismas personas por unos hechos ya sentenciados. Además, remarcan que la resolución absolutoria es del máximo órgano de Justicia del país, mientras que el juez que ha ordenado el arresto, que se llama Franny González, es el equivalente a un juez de paz, es decir, de carácter menor.
Desde Empresas Matutes también explicaron que cuando reciban la notificación del arresto presentarán un recurso, además de que están estudiando emprender acciones legales a título personal contra el juez, que ya dictó otra orden de arresto anteriormente. «Él conoce perfectamente que hay una sentencia absolutoria de un órgano superior y que dijo que no había indicio alguno de delito», añadieron las mismas fuentes jurídicas, que recordaron además que el tribunal contencioso de Santo Domingo también dictaminó que el edificio de nueve plantas es perfectamente legal.
El juez ha fijado audiencias para el 28 de mayo y el 4 y el 11 de junio. Los vecinos dicen que llevan esperando dos años a que se produzcan estas audiencias preliminares.
Los vecinos denunciaban que habían construido sin permisos y sin pagar impuestos
La Junta Vecinal de Los Cacicazgos había presentado un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana en el que denunciaban que Antonio Matutes Juan y Abel Matutes Prats, en representación de Promociones y Proyectos, S. A., habían levantado el proyecto Torre de Plata (un edificio de nueve plantas), «sin planos aprobados y sin pago de impuestos, amparadas en una resolución ilegal emitida por un organismo incompetente, como lo es la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional». Asimismo, la empresa Construcciones Civiles y Arquitectónicas «carecía de permisos y licencias de los organismos correspondientes», según los vecinos. La Suprema Corte rechazó este recurso y obligó a los vecinos a pagar las costas.