La Sindicatura de Comptes ha pedido que se apliquen sanciones para todos aquellos ayuntamientos que no fiscalizan sus cuentas. En un documento entregado al Parlament hace casi un año, la Sindicatura de Comptes solicitó a los grupos parlamentarios la aprobación de una moción que obligue a los ayuntamientos a cumplir con su obligación de entregar sus cuentas una vez se hayan agotado los ejercicios presupuestarios, tal y como hace regularmente el Govern y los distintos consells insulars. De hecho, la Sindicatura ya ha terminado la fiscalización de los presupuestos del Govern correspondientes a 2008.
Mientras el Parlament actúa, la Sindicatura ha hecho públicos en su página web qué ayuntamientos incumplen con la obligación de entregar las cuentas para que sean fiscalizadas. Del ejercicio 2008, sólo tres ayuntamientos (Escorca, Mancor y Selva) han cumplido con la obligación de facilitar las cuentas a la Sindicatura de Comptes.
De la información de la Sindicatura se desprende que algunos ayuntamientos nunca han fiscalizado sus cuentas desde 2003, año de creación del órgano fiscalizador. Además, determinados ayuntamientos ni siquiera han aprobado en sus respectivos plenarios las cuentas, un requisito indispensable para que posteriormente se entreguen para su fiscalización.
Oídos sordos
Pese a la petición de la Sindicatura de Comptes de actuar contra los ayuntamientos que no cumplen su obligación de entregar las cuentas, los grupos parlamentarios no han adoptado ninguna medida. El periodo de sesiones está a punto de terminar y la moción propuesta por la Sindicatura de Comptes no se ha discutido ni aprobado en la Cámara autonómica. Y así desde junio de 2009.
En concreto, la moción que propone la Sindicatura de Comptes plantea modificaciones normativas que sean necesarias para que se considere como un criterio excluyente para el acceso a ayudas y subvenciones que otorguen el Govern o los consells no facilitar las cuentas al órgano fiscalizador por parte de las entidades locales de Balears.
Además, el texto entregado al Parlament plantea que se dé apoyo a la Sindicatura de Comptes para que, en casos de especial gravedad, se actúe con sanciones contra aquellos ayuntamientos que no entreguen las cuentas, unas medidas tipificadas en el Código Penal.