La Conselleria balear d'Educació reconoció ayer que envió un burofax a la constructora del instituto de Sant Antoni como un primer paso en la tramitación de la rescisión del contrato que se hará efectiva si no se llega a un acuerdo.
Desde la Conselleria indicaron que ahora están estudiando las alegaciones presentadas por la empresa Copasa al requerimiento realizado a través del burofax, y que propone que la constructora «reevalúe la cifra que ha puesto sobre la mesa» y que asciende a 815.000 euros, indicó un portavoz de Educació.
Esta cifra, cabe recordar, es el motivo de que las obras estén paralizadas y tiene dos versiones diferentes según la empresa o el conseller de Educació, Bartomeu Llinàs.
Por un lado, el conseller asegura que sufren «presiones» por parte de la empresa para cobrar esta cantidad por trabajos «que no están hechos» mientras que desde Copasa indican que corresponde a obras que sí fueron realizadas por orden del Ibisec (Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales), que no ha presentado una evaluación de los costes que contradiga esta cifra.
En este sentido, desde la Conselleria aseguraron que «no entrarán» a valorar las diferentes versiones de «la historia», aunque indicaron que se solucionará «de una manera u otra» y que «en pocos días» se tomará una decisión.
El portavoz de la Conselleria aseguró también que, aunque ahora se llegase a un acuerdo con la empresa, es una obra que ya «lleva retraso» y que probablemente no estaría finalizada «ni en enero». Otra versión diferente de la que da la empresa que asegura que se puede terminar para el inicio del próximo curso escolar.
Por ello, desde Educació aseguran que optarán por instalar las aulas modulares para los alumnos en el Instituto de Quartó de Portmany.
Cabe recordar que las obras se ralentizaron hace seis meses y que el lunes el conseller de Educació reconoció la paralización de las mismas por este desacuerdo económico entra la empresa y el Govern balear.
«Si ponen las aulas, los chavales se quedarán sin patio»
El APA del Quartó de Portmany se reunió ayer y acordó que «se adoptará alguna medida de presión» en caso de que se confirme que Educació instalará barracones en el centro para dar cabida a más alumnos. Un portavoz de los padres explicó que el encuentro «se debe a que nos estamos enterando por la prensa de los planes de la Conselleria sin que nadie nos haya dicho nada». «Representamos a 800 alumnos y ni desde la Conselleria o de la Delegació d'Educació nadie nos ha dicho nada ni se dignan a devolvernos las llamadas», apuntó.
«Primero escuchamos que eran tres aulas, ahora seis. No sé donde los van a poner porque, si ponen las aulas, los chavales se quedarán sin patio», concluyó.