La tramitación de las autovías que llevó a cabo el Govern del PP incumplió media docena de normativas y su construcción costó 150 millones de euros cuando el convenio de carreteras firmado con el Estado preveía un presupuesto de tan sólo 8,33. Estas son las principales conclusiones de la auditoría sobre las carreteras elaborada por la UTE Gerens Hill Internacional y Ramon y Cajal Abogados para el Govern, que fue presentada ayer por el conseller d'Obres Públiques y Habitatge, Jaume Carbonero.
La auditoría destaca en primer lugar que el Govern no tenía competencias para encargar las obras y los proyectos de las autovías del aeropuerto y de Sant Antoni, incumpliendo la ley 16/2001 de transferencias a los consells. Asimismo, se excedió «cualitativamente y cuantitativamente» el convenio de carreteras firmado con el Gobierno central los años 98 y 2004, que preveía que estas dos carreteras tenían que costar 8,33 millones de euros. Finalmente costaron 18 veces más, es decir, 150 millones de euros.
Tampoco la tramitación de los proyectos se ajustó a lo previsto en el decreto 4/86 de evaluación de impacto ambiental. «No consta evaluación de impacto ambiental preliminar, ni documento de síntesis final ni emisión de informes de organismos afectados», indicó el conseller, que aseguró además que el proyecto de trazado de la carretera del aeropuerto, que va soterrada en buena parte, no contó con informe favorable de la dirección general de Recursos Hídricos. «Es más, tuvo informe desfavorable y no se recabó un nuevo informe con los cambios realizados en el proyecto de construcción», remarcó Carbonero. Además, el proyecto de construcción «modificó sustancialmente el proyecto previsto de trazado, ya que se cambió el tipo de drenajes previstos sin someter el proyecto otra vez a información pública, sin los informes preceptivos de los organismos afectados y lógicamente sin informe de impacto ambiental ni de Recursos Hídridcs», añadió el conseller, que aseguró que la auditoría demuestra características comunes en el Govern de Matas, como son el «despilfarro de dinero público y las irregularidades administrativas y jurídicas importantes para poder llegar a ejecutar obras absolutamente desproporcionadas que no eran las necesarias y las prudentes para las islas».
u No se cumplió la ley de patrimonio. El Govern del PP no destinó el 1% del presupuesto de construcción a fines culturales. Los pliegos de cláusulas administrativas del Ejecutivo autonómico de entonces no incluían esta obligación, con lo que se incumplió el artículo 80 de la ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de Balears.
u Sobrecostes de obra y explotación y el caso de los quitanieves. La auditoría también destaca que para la carretera del aeropuerto se previó que la empresa adjudicataria tuviera unos costes de mantenimiento durante 25 años de 165.000 euros por año y kilómetro. «Los auditores dicen que son unos costes muy elevados, del orden de tres veces lo que es habitual en concesiones de este tipo», indicó el conselelr,q ue recordó que también se incluyeron 61.420 euros al año por tres máquinas quitanieves de los cuales 31.765 son por el consumo de estas máquinas «que nunca se han encontrado». Según Carbonero, ello resulta «totalmente injustificable».
u 1,4 millones más al año para la adjudicataria de Sant Antoni. El proyecto de la carretera de Sant Antoni, que fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC-Ortiz e Hijos, preveía que hubiera un total de 13 estaciones de aforo para contabilizar los coches que pasan por la vía. En un contrato de peaje en sombra como éste las empresas cobran anualmente por los coches que pasan por la vía. El caso es que la constructora sólo incluyó una de estas estaciones para contar coches. «En vez de contar con una media de toda la carretera sólo hay una medición y esto es una sobrevaloración del tráfico que se calcula entre un 6,5% y un 20% más que se traduce en un sobrecoste anual de hasta 1,4 millones cada año», explicó el conseller.
u Medidas legales. El conseller anunció que pondrán en manos de la Abogacía de la Comunitat Autònoma el documento para ver si hay que tomar medidas legales. También hay cosas que se harán directamente, como exigir el 1% cultural a las empresas o la retirada de las tierras, cosa que ya se ha hecho. También instó a la ex consellera d'Obres Públiques del Govern, Mabel Cabrer, a interponerles una demanda. «La señora Cabrer nos amenazó con ponernos una demanda si los resultados de la auditoría eran favorables a su gestión; que la ponga, si cree que los resultados son favorables que la ponga», añadió el conseller, que indicó que ellos actuarán según lo que les diga Abogacía. «No amenazaremos, ni calificaremos la actuación, estamos a la espera de las acciones que se puedan empresnder», concluyó.
IRREGULARIDAD
El concurso de la autovía debería haber quedado desierto
La auditoría externa encargada por el Govern balear también revela que el concurso para adjudicar a una empresa la carretera del aeropuerto tendría que haber sido declarado «desierto», ya que «ninguna de las empresas que se presentaron cumplieron en su totalidad con los pliegos de condiciones que se habían expuesto a información pública».
OTROS PROYECTOS
La ronda sur de Sant Antoni no se hará
JUSTIFICACIÓN
«La auditoría era un compromiso electoral»
Reacciones
PP: Retan al Govern a que les denuncie
El secretario general del PP en Balears, Miquel Ramis, calificó al Govern de «inútil, mentiroso e hipócrita». De hecho, retó a Carbonero a denunciar la gestión de las carreteras ante los tribunales, ya que que están convencidos de que ambos proyectos fueron «correctos», ya que pasaron por intervención del Govern y, en el caso de la carretera de Sant Antoni, por la Sindicatura de Comptes. También criticó que Carbonero «oculta información», porque los proyectos sí estaban presupuestados por 150 millones y no por 8,33, que era el importe del convenio de carreteras. «Carbonero dice mentiras», indicó el dirigente popular, que criticó el coste de la auditoría. El presidente del PP de Eivissa no quiso pronunciarse porque no cuenta con el documento pese a que lo pidió en el Parlament.
CONSELL D'EIVISSA: "No se hicieron las cosas bien"
La portavoz del Consell, Patricia Abascal, explicó ayer que la auditoría va a «dar la razón» en muchas cosas a la izquierda y a la Plataforma Antiautopista. «El Govern no era competente, se excedió en sus atribuciones, esto lo dijimos muchas veces, por lo que la auditoría dirá claramente lo que la ciudadanía dijo en ese momento, que este modelo de carreteras no era necesario y que las cosas no se hicieron bien», dijo Abascal. El delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socías, aseguró en declaraciones a Radio Ibiza Ser que lo que se demuestra con este informe es el descontrol de los fondos públicos que hubo en la anterior legislatura.