Una de las mayores irregularidades que ha detectado la auditoría en la carretera de Sant Antoni es que sólo se incluía una estación de contabilización de vehículos cuando tendría que haber habido trece. Este dato es importante porque cuando se hace una operación de peaje en sombra, la empresa concesionaria cobra más anualmente si la vía soporta más tráfico. Según explicó ayer Jaume Carbonero, esta única máquina de contar se situó en el lugar «donde pasan más vehículos», que es el enlace con la segunda ronda. Ello «falsea el sistema de retribución de la concesión», con lo que la empresa podría estar cobrando 1,4 millones de euros anuales más, un total de 35 millones de euros si se cuentan los 25 años de la concesión. «Nosotros no tenemos por qué pagar más de lo que estaba previsto ni más coches de los que realmente pasen», indicó el conseller d'Obres Públiques, que aseguró que ya están buscando una fórmula para recuperar el dinero que se podría estar pagando de más. Carbonero indicó que la solución es «compleja y endemoniada», porque al haber sólo una estación de medición la sobrevaloración del tránsito podría oscilar entre un 6,5% más (450.000 euros al año más a favor de la concesionaria) y un 20% (1,4 millones).
La irregularidad también se añade al hecho de que todo el proyecto se basa en esta única estación, por lo que podría haber «elementos infradimensionados o sobredimensioandos», y en caso de que fueran éstos últimos «se habrían producido mayores gastos de inversión».
u Concurso desierto. La empresa ganadora, FCC-Ortiz e Hijos, no debería haber hecho la obra porque no se cumplían las exigencias de contar con trece estaciones de aforo.
u Túnel de Sant Rafel. El plan económico financiero definitivo modifca la distribución de partidas del proyecto de inversión, que pasa de 95,57 millones a 94,75. Desaparece el desglose de la partida del 1% cultural (0,66 millones de euros) y una partida «extravagante» bajo el nombre de 'Comunicación Institucional' (1,22 millones). Como consecuencia, la rentabilidad pasa del 6,40% al 6,92%, lo que «sería perjudicial para la Administración»
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u No se puede demostrar el solapamiento. La auditoría estudia si hubo solapamientos entre los proyectos de la segunda ronda con la vía del aeropuerto y de Sant Antoni. En éste último caso ambos diseños están «perfectamente delimitados». En el otro caso no se detecta si hubo solapamiento porque en ciertas partidas «no hay desglose suficiente como para pronunciarse».
u Control de calidad. Existen carencias en el control de calidad de los modificados. También los drenajes de Sant antoni tendrían que haber sido objeto de comprobación.
u Irregularidades. El proyecto de trazado fue aprobado y sometido a información pública antes de contrtar su redacción. También el informe de REcursos Hídrics fue posterior a la aprobación del proyecto de trazado. Asimismo, se incumplió lo que dice la ley en cuanto a evaluación de impacto ambiental y la ley de patrimonio en cuanto al 1% cultural.
u Ronda sur. La auditoría descarta la construcción de este ramal porque no tiene un grado de seguridad suficiente frente a inundaciones. El Govern ya ha descartado su ejecución.