Un cuarto de hora antes de que comenzara el España-Paraguay, el juez comunicó al ex gerente de Ibatur Raimundo Alabern el auto en el que decretaba contra él el ingreso en prisión eludible con el pago de 350.000 euros de fianza. La cifra es una de las más altas impuestas en este tipo de casos; la misma que tuvo que reunir María Antonia Munar. Alabern tiene hasta el próximo miércoles para reunir la caución, la más alta impuesta ayer por el magistrado Ignacio Lope Sola a los detenidos por el 'caso Ibatur'. El juez triplicó la fianza que ya había depositado el asesor jurídico Miguel Àngel Bonet. Éste tendrá que reunir otros 165.00 euros de aquí al miércoles para sumarlos a los 85.000 que ya depositó en febrero de 2009 y completar una fianza de 250.000 euros. Bonet fue detenido una primera vez por esta causa y entonces el juez le impuso ya una fianza. Ahora triplica esta cantidad al aumentar los delitos de los que está imputado.
Por su parte, el primer gerente del Ibatur del Govern Matas, Juan Carlos Alía, tendrá que avalar 30.000 euros.
Alabern defendió ante el magistrado Lope Sola que jamás se embolsó dinero de Ibatur y que desconoce que se produjera ningún tipo de irregularidad durante su mandato. De hecho, insistió en que cada año firmaba un millar de expedientes similares a los que se investigan en esta trama. La 'operación Pasarela', entre otros aspectos, indaga en 127 contratos menores efectuados por la cúpula de Ibatur que se cree que corresponden bien a trabajos que no se llegaron a realizar, bien a encargos hinchados y adjudicados a dedo a empresas amigas.
La elevada fianza a Alabern le sitúa en el centro de la trama, dado que fue el máximo responsable de la gestión económica del instituto cuando se produjeron estos contratos. De hecho, su firma aparece en la mayor parte de ellos. Tanto en su declaración judicial de ayer, como en la que hizo hasta las tres de la madrugada del viernes al lunes en policía, sostuvo que desconocía posibles irregularidades. El otro detenido con una fianza muy elevada, Miguel Àngel Bonet, esgrimió un argumento similar. Aseguró que él firmaba los expedientes que le encargaban sus superiores pero que no era el encargado de comprobar que ese trabajo se había realizado. Según aseguró, examinaba los expedientes que habían cumplimentado otros funcionarios y los firmaba, pero sólo se cercioraba de que el procedimiento se ajustara a derecho. El otro ex gerente, Juan Carlos Alía, ratificó ante el juez que durante su breve mandato tampoco participó en irregularidades y defendió la legalidad de varios contratos que recibió una vez abandonó el cargo a raíz de 'escándalo rasputín'.
El magistrado también impuso una fianza de 100.000 euros al empresario Juan Velasco, uno de los responsables de Clave Publicidad. Según la investigación, ésta habría sido la beneficiaria de la mayor parte de los presuntos contratos irregulares de Ibatur. De hecho, se le imputa el haber girado facturas falsas al Govern y de haber hinchado alguno de los encargos. Velasco, que no declaró ante la policía, negó ante el juez estas acusaciones y señaló que trabajó con Ibatur esos años de la misma manera que lo hace en la actualidad y desde hace 22 años. Respecto a las facturas falsas que un empresario señala que le vendió, señaló que parte de éstas estaban destinadas a obtener liquidez para abonar la nómina a sus empleados.