La auditoría de las autovías recomienda al Govern balear explorar con el Consell Insular «la posibilidad de que se celebre un nuevo convenio de colaboración que modifique o sustituya al que esta vigente en la actualidad y regularice en el futuro los problemas competenciales que pesan sobre la contratación, ejecución y control de las obras auditadas».
De esta manera, el documento establece que las actuaciones que ya han sido realizadas por parte de la Comunidad Autónoma «sin tener atribuida válidamente la competencia en la materia, no son susceptibles de subsanación». Todo esto se deduce tras entender que las competencias en materia de carreteras de Eivissa corresponden «por regla general al Consell Insular de acuerdo con la ley 16/2001». De hecho, la UTE Gerentes Hill International SA y Ramon y Cajal S.L.P. entiende que el Govern no era competente para la ejecución de la obra pública. «La Comunidad Autónoma, que tiene competencia exclusiva en materia de carreteras, procedió a atribuir esta competencia a los consells insulars a través del Estatuto de Autonomía, mediante la ley 16/2001», señala el documento.
Además, también se recomienda reclamar al concesionario el cumplimiento del artículo 80 de la ley 12/1998 de Patrimonio Histórico referente a la destinación del 1% del presupuesta a actuaciones culturales.
Obra por ejecutar
Otra sugerencia es la de exigir al concesionario la entrega «inmediata» de la documentación en el plazo máximo de un año a partir de la puesta en marcha de la explotación. Asimismo, el documento de la auditoría recomienda que se deben reforzar los sistemas de control de explotación mediante «una oficina de control dependiente de la administración».
En cuanto a la situación actual, el documento apunta que se produce la coexistencia de las fases de construcción y de explotación lo que supone «una situación anómala que debería resolverse, dando por terminada la fase de construcción mediante la finalización de los trabajos pendientes o la consideración de aquellas obras no ejecutadas».
Entre los apartados que se deduce que no se han llevado a cabo figuran varios, dependiendo del proyecto. En el caso del nuevo acceso del aeropuerto de Eivissa se puede resaltar la no instalación de una pasarela peatonal (que supone un importe de 458.035 euros), la urbanización del bulevar (150.244 euros), el revestimiento decorativo en muros (324.757 euros), la colocación de pantallas antiruido (260.325 euros) o la finalización de la red de riego en carretera y falsos túneles (179.994 euros), entre otros.
En el caso de la carretera de Sant Antoni, la auditoría destaca entre la obra por ejecutar la ronda sur de Sant Antoni (420.598 euros), la pasarela de Blancadona (975.342 euros), la pasarela de Can Guillamó (747.600 euros), la instalación de barreras para motoristas (336.518 euros) o el embellecimiento de Sant Rafel (268.207 euros).