La auditoría de las autovías considera que la UTE MAB-Ortiz Construcciones no redujo lo suficiente algunos costes de construcción de la finalización del último tramo de la carretera al aeropuerto pese a la reducción de las obras previstas.
Ello se produjo por ejemplo en algunos falsos túneles cercanos al aeropuerto donde «se reduce notablemente la obra a realizar sin que el importe se altere». Además, se genera un «importante incremento del precio para las capas de rodadura» a la hora de la terminación del último tramo de la carretera, construido ya con el Pacte en el Govern. En este caso se pasa de 19 €/T en construcción frente a 38 en el modificado. El incremento «no está justificado debidamente».
Según la auditoría se debería producir una disminución del presupuesto en cuestión de firmes, pero no se puede comprobar si se produce porque el presupuesto del modificado 1 no incluye mediciones detalladas, sólo globales. Este modificado preveía la eliminación del desdoblamiento en el tramo final del aeropuerto, una nueva glorieta en los viveros y un nuevo tramo de servicio.
El incremento del presupuesto en este modificado es de 7,9 millones de euros (13 con la aplicación de coeficientes). De ellos, según la auditoría, 6,8 tendrían que ser asumidos por el Govern balear. Los 1,6 restantes deberían ser asumidos por la UTE, ya que consideran que son modificaciones que hizo por su cuenta y riesgo. Salvo que exista algún documento que revele que se dio alguna orden para ello desde el Govern, la auditoría considera que este millón y medio lo tendría que pagar la UTE. De hecho, durante la rueda de prensa de presentación de la auditoría, el conseller Jaume Carbonero destacó que intentarán reclamar este dinero a la empresa.
En cuanto a las actuaciones ejecutadas por el actual Govern para finalizar la vía del aeropuerto, la auditoría ve alguna pequeña traba. Por ejemplo, considera que la eliminación del desdoblamiento en el último tramo de la carretera no supone problemas porque el tráfico «no hacía necesaria la doble calzada». Eso sí, considera que se debería haber estudiado si la nueva glorieta podía absorber bien todo el tráfico procedente de la zona industrial. También considera que hubiera sido preferible otra incorporación de las vías de servicio en el enlace de Can Fonoll.
La modificación también incluyó la adaptación de los falsos túneles a la nueva normativa y se amplió el número de postes SOS en el túnel de Can Sifre, además de incluirse en el de Ca na Palleva. La auditoría asegura que hasta el modificado no se cumplía la nueva ley ni el pliego de cláusulas administrativas en este punto.
En cuanto al hormigón utilizado, la clase de exposición ha sido «errónea», por lo que hay que poner un recubrimiento de protección en varios puntos.
Partidas de 14 millones sobre las que no se puede obtener información
La auditoría detecta una serie de carencias en el plan económico financiero de la adjudicataria de la carretera de Sant Antoni. Entre otras cosas, los ingresos anuales son superiores a los valores contenidos en el pliego de cláusulas administrativas, lo que incrementa el coste para la Administración. En el plan económico presentado al concurso se hablaba de 112 millones de euros, mientras que en el definitivo esta cantidad asciende a 121. Asimismo, se han modificado partidas del plan económico financiero definitivo, de modo que la mayor parte va a construcción, además de que hay otras partidas «con un importe de 14 millones sobre las que no se puede obtener información sobre su contenido».
Tampoco aparecen partidas como el 1% cultural o comunicación pública, que sí se incluían en el plan de oferta con importes de 600.000 euros y 1,2 millones.
Por otro lado, también se incumple la actualización de tarifas respecto al IPC. Las tarifas se debían actualizar a partir de enero de 2009 y no en 2007, lo que hace que los ingresos considerados en el plan sean «superiores» a los que deberían ser según lo establecido en el pliego del Govern.
Las aperturas provisionales costaron 2 millones
La auditoría indica que las aperturas provisionales de diferentes tramos de la carretera al aeropuerto costaron al erario público dos millones de euros. Este coste se debe a que había que realizar trabajos adicionales por ejemplo para dotar de suministro eléctrico la carretera a través de grupos electrógenos o para la instalación de bombeo. Estas aperturas provisionales se hicieron para facilitar el tráfico.
Los auditores critican que el dinero que costaron estas aperturas provisionales no se haya incluido en el modificado 1 de la autovía.