Una vez recalificado el terreno de ses Variades como suelo urbano en la Ley de sa Coma, los concejales de PSOE-ExC de Sant Antoni se proponen ahora negociar con el equipo de gobierno para que en esta zona, destacan, «impere el sentido común».
La portavoz de la oposición, Laura Carrascosa, aseguró ayer que el actual convenio urbanístico que firmó el Consistorio con la empresa promotora Realia en 2004 «no es bueno para el pueblo» y propone infraestructuras que Sant Antoni «no necesita», al implicar la construcción de edificios de «seis pisos de altura» para albergar 469 viviendas, así como la proyección de un puerto deportivo y un túnel. «Es un gran negocio especulativo, es un convenio que deja a este pueblo sin la posibilidad de un espacio abierto al mar», indicó Carrascosa, que destacó que este acuerdo también «se da codazos con la ley porque se salta las DOT (Directrices de Ordenación Territorial), la Ley de Costas y la densidad de población».
En este sentido, la portavoz anunció ayer que su grupo «luchará con todas sus fuerzas» para que, «sin vulnerar los derechos de nadie [los propietarios], se respeten las normativas». Y, de esta forma, PSOE-ExC anunció su propuesta para que en ses Variades se construyan «edificios de tres alturas» en los laterales del terreno, «dejando una enorme franja en el medio [zona verde], desde la calle Isidor Macabich hacia el mar».
Las críticas
Por otra parte, PSOE-ExC criticó también que el Parlament haya recalificado ses Variades con los votos de PP y UM cuando es una cuestión «absolutamente municipal». «PP y UM se juntan para defender los intereses particulares y la especulación, lo vemos en Son Bosc y en ses Variades con el tema del convenio, y luego no son capaces en ponerse de acuerdo para desatascar cuestiones como el tema de la depuradora de Vila para la construcción de colegios o VPO», se quejó Carrascosa, que indicó que el alcalde José Sala «quiere a toda costa mantener ese convenio». En este sentido, cabe recordar que Sala está imputado por presunto tráfico de influencias al haber firmado el acuerdo justo antes de que el Plan Territorial Insular de 2004 se aprobara permitiendo la construcción en este espacio. «En el auto del juez se entrevé que si se incluye como urbano en el Plan General, puede estar prevaricando. El convenio ya le interesa mucho, supongo que le interesará dejar la política con el convenio atado y bien atado», concluyó.
Pantaleoni: «El convenio ya plantea un parque de 30.000 m2»
El teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, criticó que PSOE-ExC «se atreva a decir que no tiene que ser el Parlament el que decida si es urbano o no un suelo, ya que, por un lado, cuando esta zona se impuso al Ayuntamiento como rústico protegido fue a través de las DOT que aprobó el Parlament». Asimismo, el teniente de alcalde recordó que el actual convenio «fue aprobado por el pleno municipal con el único voto en contra de dos concejales socialistas» y destacó que se estuvo negociando entre el Consistorio y la propiedad «durante mucho tiempo». En este sentido, destacó que la oposición «participó siempre» y «tanto el PP como el PSOE firmaron el convenio». «Por tanto creo que hemos dado bastantes vueltas, otra cosa es que ellos cambien de idea según de dónde sople el viento o el rédito electoral que puedan tener», destacó Pantaleoni, que recordó que el convenio urbanístico plantea «un parque de 30.000 metros cuadrados», aunque indicó que la ley «ha cambiado» y que el convenio «se tendrá que revisar».