El PP de Vila acusó ayer al Ayuntamiento de mantener de mantener una elevada deuda con sus empresas proveedoras y no haber realizado un «ejercicio de responsabilidad para solucionar, en la medida de lo posible, las causas que generan esta inercia pública de post-pago' en este momento de crisis económica y haya permitido concluir el ejercicio [de 2009] con deudas por valor de 5,3 millones».
La respuesta a estas críticas no tardó en producirse y desde el equipo de gobierno se argumentó que «se está haciendo un esfuerzo por abonar todas las facturas dentro de un plazo razonable» y que la mayoría de los pagos pendientes corresponden a obras no finalizadas a 31 de diciembre y que se abonan al ser concluidas.
Los populares emitieron ayer por la mañana un extenso comunicado en el que se relacionaban algunas de las deudas del Consistorio, figurando entre sus acreedores «también pequeñas y medianas empresas y autónomos cuya supervivencia económica puede llegar a depender de estos ingresos en un momento como el actual».
13.400 euros de media
Según los datos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento esgrimidos por la oposición, la deuda media por proveedor se situó en 13.404,17 euros, con un total de 402 empresas con cobros pendientes. Entre los principales acreedores municipales figura, según el PP, la concesionaria del servicio de limpieza, CESPA, con una deuda pendiente de cobro de más de 1,15 millones; Citelum Ibérica, con 438.000 euros; o las constructoras Proinsa (379.022,50 euros); FCC (288.018,69); Giref (239.296,92) y Naves y Conducciones, (180.973,61).
Ante estas acusaciones, desde el equipo de Lurdes Costa se resaltó que «la situación económica del Ayuntamiento es buena, los pagos se están haciendo con toda normalidad y las empresas que facturan en el Consistorio no tienen ninguna razón por preocuparse a pesar del alarmismo que pretende crear al Partit Popular».
«Como se puede comprobar, las cuantías más importantes pendientes de pago corresponden a obras que se están realizando. Pensamos que el Partido Popular está de acuerdo en que el Ayuntamiento no acabe de pagar estas obras hasta que no estén totalmente finalizadas. ¿O quizás la oposición cree que el Ayuntamiento tendría que avanzar alegremente todo el importe de una obra sin tener ninguna garantía de que ésta se acabe?», añadieron.
La alcaldesa, en la lista de acreedores
Entre las facturas pendientes de pago figuran 14.358,78 euros a la Fundación Deixalles, 7.308 euros a la Fundación Thao (responsable del programa de prevención de la obesidad infantil) y 10.356,48 euros a Fundosa Accesibilidad, la compañía de la ONCE que promueve actuaciones en materia de accesibilidad. En la misma relación de acreedores se incluye también una deuda de 6.977,19 euros con la SGAE y 2.107,14 euros en recibos pendientes de pago a una conocida pastelería de la ciudad. La alcaldesa también figura como acreedora, con cuatro recibos por un total de 147,14 euros.