El Ayuntamiento de Eivissa informó ayer que la empresa mixta Itusa, promotora del proyecto Eivissa Centre, tapiará la antiguas viviendas de Santa Margarita para evitar que entren 'okupas' hasta que se proceda a la demolición del edificio para subastar los solares.
Sin embargo, vecinos que aún viven en las antiguas viviendas, y que deberán abandonarlas a final de mes porque han sido expropiadas por el Consistorio, denunciaron que ya hay personas usurpando las viviendas que dejaron sus propietarios tras permutarlas para trasladarse al nuevo edificio Es Pla de Vila.
Por otra parte, estos vecinos criticaron que el Consistorio, a través de Itusa, les imponga penalizaciones de 300 euros diarios si para el 1 de octubre sus viviendas no están totalmente desalojadas, aunque desde Vila recordaron que ellos mismos firmaron esas condiciones.
Por otra parte, cabe destacar que dos de las casas de Santa Margarita están en juicio con el Institut balear de la Vivienda (Ibavi) debido a que sus ocupantes aún no pueden demostrar que son propietarios de las mismas por falta de contrato. De esta forma, en los tribunales ambas causas están aún abiertas, porque, según el Ibavi, estas personas no tienen derecho ni a indemnización ni a realojo si no pueden demostrar su propiedad.
Desde Vila destacaron que ésta es una cuestión que debe solucionar el Ibavi y que, sea cuál sea el resultado, el edificio tiene que estar desalojado para el 30 de septiembre, momento en el que esperan conseguir la licencia para acometer este derribo. Sin embargo, estas personas continúan viviendo allí.
Una portavoz del Ibavi explicó que ambos juicios «están pendientes de resolución» y que se trata de inquilinos «muy antiguos». En todo caso, desde el Ibavi no pudieron explicar qué pasará con estos moradores si el juicio no se resuelve antes de final de mes.
Un inquilino reconoce que no tiene derecho a nada
Desde el Ibavi explicaron que de las seis viviendas que tenían en propiedad en Santa Margarita, dos se realojaron «sin problemas» mientras uno de los moradores reconoció que no tenía derecho ni a indemnización ni a realojo y dejó su casa. Ahora, sólo quedan los dos moradores que aún están pendientes de resolución juicial.