El presidente del PP de Eivissa, Miquel Jerez, aseguró ayer que con el Plan Territorial de Eivissa (PTE) modificado por el actual de gobierno, «las generaciones futuras heredarán de sus padres un gran patrimonio: un campo de almendros».
De esta forma, Jerez salió al paso de las manifestaciones realizadas por el presidente del Consell, Xico Tarrés, que en defensa del nuevo documento urbanístico, afirmó que para él «son más importantes los campos de almendros que los campos de golf».
Jerez recordó sus intenciones de recuperar el Plan Territorial Insular (PTI) aprobado por el PP en 2005 si el PP gana las elecciones porque «fue un documento estable». Asimismo, hizo referencia «a la necesidad inmediata de paralizar la aprobación del documento». No obstante, destacó que si continúa su trámite de aprobación se prolongue el período de alegaciones para que los afectados puedan presentar sus objeciones «contra los perjuicios que la norma les provoca». En este sentido, detalló que «el mayor perjuicio» que provocará el nuevo documento será para los propietarios de fincas rústicas porque «buena parte de las viviendas quedarán fuera de ordenación incluso aquellas que tuvieron licencia y hoy no cumplen los criterios exigidos por el PTE». «Ninguna actuación será posible sobre las viviendas existentes, devolviendo a legalidad todo aquello que hoy es perfectamente legalizable». Además, indicó que los afectados por la imposibilidad de construir en pendientes superiores al 20% «se cuentan por centenares».
Recorrido por la isla
Jerez recordó que el PP iniciará un recorrido por la geografía insular «para explicar con detalle el contenido de la norma que se pretende aprobar» y le propone a Tarrés que le acompañe en su recorrido «para que explique las consecuencias que tiene para él este Plan Territorial y aproveche para explicar a los propietarios de fincas afectadas que la herencia que recibirán sus hijos consistirá en un gran patrimonio: un campo de almendras».
Pimeef solicita la ampliación del plazo de alegaciones
La Pimeef también solicitó al Consell d'Eivissa que amplíe el plazo de alegaciones porque es un documento de «complejidad técnica», y el hecho de que el periodo haya empezado en agosto (el plazo es de dos meses), dificulta «presentar unas alegaciones completas y rigurosas». Asimismo, lamentan que no haya habido acuerdo entre gobierno y oposición, algo que plantea «hipotéticos cambios en función del resultado electoral, por lo que la inseguridad jurídica está garantizada».