El conseller executiu de Política Territorial del Consell d'Eivissa, Miquel Ramon, ha dimitido de su cargo tras la retirada del Plan Territorial Insular que su departamento llevaba redactando y que estaba a punto de aprobarse de manera definitiva. Precisamente su objetivo personal era hacer una norma más proteccionista que la actual y ahora, al no materializarse, considera que no tiene sentido su continuidad en el Consell.
"Eivissa pel canvi no está de acuerdo con la retirada [del PTE] pero, sobre todo, me encontraba en una situación en la que yo difícilmente podía seguir ocupando un cargo cuando buena parte de las funciones principales de este cargo ya no existen, porque esto no irá adelante y porque tampoco el futuro que se quiere; la nueva estrategia es una estrategia que no tengo clara y que no veo que pueda jugar ningún papel en estas cuestiones no tiene sentido continuar aquí", explicó a los periodistas.
Ramon, que no asistirá ya el lunes al pleno en el que se aprobará la retirada del plan, señaló que terminará lo que queda del mes en su puesto terminando "papeleo".La marcha del conseller, sin embargo, no alterará la distribución de la cámara al ser de designación personal por parte del presidente. Los consellers executius tienen derecho a voz, pero no voto.
El conseller se reunió ayer con el presidente de la institución insular, Xico Tarrés, para debatir la situación. Antes ya había puesto su cargo a disposición del máximo responsable del Consell, que, en principio, no había considerado su destitucióny que alabó, incluso, su trabajo en la elaboración de la norma urbanística para toda la isla.
En una entrevista publicada el martes en este diario, Ramon expresó su sentimiento de sentirse desautorizado en su labor. Miquel Ramon, miembro de Esquerra Unida, a su vez coaligada en Eivissa pel Canvi (ExC), se había incorporado al equipo de gobierno insular tras la victoria electoral de 2007 para ocuparse del área urbanística.
ExC por su parte, también ha criticado duramente la retirada del PTE, que ha recibido unarepresentativa contestación social, aunque se mantiene dentro de los acuerdos de gobierno en las distintas instituciones en las que tiene representación. Sin embargo, eso sí, considera rota la obligación de disciplina de voto en cada una de ellas.