El Ayuntamiento de Vila y la empresa suministradora de electricidad, Gesa Endesa, han sido las encargadas de acabar con un fraude «que ya llevaba muchos años en marcha», según indicó el concejal de Nucli Histórico, Marc Costa, y que se trata de conectar viviendas particulares a la red general eléctrica de forma irregular, sin contar con ningún permiso y sin control alguno.
Así las cosas, Costa señaló que en el barrio de sa Penya se han desconectado en las últimas semanas hasta 21 'enganches' ilegales. «Desde que estamos gobernando, en 2007, es un tema que nos ha preocupado mucho y se lo hemos trasladado a la empresa suministradora», apuntó el concejal.
En esta línea, y en una acción coordinada entre los técnicos municipales, Endesa y la Policía Local, «se ha conseguido erradicar esta práctica, que es muy peligrosa para la gente que la realiza», destacó Costa. Y es que, aquellos que se conectan de forma fraudulenta a la red eléctrica, en el caso de sa Penya hasta 21 viviendas, no pasan ningún tipo de control obligatorio, lo que puede provocar un cortocircuito, «por lo que es un riesgo hacia su integridad física y es muy peligroso».
El concejal Marc Costa apuntó que, a pesar de ser una competencia de la empresa eléctrica, el Ayuntamiento también ha trabajado para acabar con esta práctica tras las quejas de la asociación de vecinos. Costa apuntó que no es la primera vez que se interviene para resolver esta problemática, ya que, según comentó, en otras operaciones realizadas para evitar esta práctica fraudulenta se resolvió con cifras similares a la de esta intervención. Asimismo, el concejal explicó que no es un hecho exclusivo de la zona más marginal de sa Penya, «sino que los enganches se encontraron dentro y fuera de la manzana Alt Retir». «Todos los ciudadanos pagamos la luz y lo que no puede ser es que algunos se enganchen al suministro general sin darse de alta y sin control», concluyó.
Continúan el proceso de expropiación
El concejal de Núcleo Histórico avanzó que el proceso de notificación para la expropiación de la manzana Alt Retir, en sa Penya, ya se ha completado al 90 por ciento. En este proceso y, por el momento, aún no se ha recibido ninguna alegación en relación al justiprecio que se ha establecido. Así, el Consistorio prevé pagar cerca de 3,5 millones de euros, entre 1.800 y 1.900 euros por metro cuadrado.
Asimismo, Costa destacó que durante el inicio del proceso administrativo, que empezó en enero, sólo recibieron cuatro alegaciones de propietarios y moradores de las viviendas ubicadas en esta zona, ya que el resto de inquilinos de este lugar se encuentran de forma irregular. Desde el Consistorio apuntaron que sólo tendrán derecho a indemnización los propietarios de viviendas y aquellos inquilinos que cuenten con un contrato de arrendamiento. Con esto, Vila quiere impulsar el barrio de sa Penya con la construcción de 14 viviendas de protección oficial y un centro cívico, así como mejor la accesibilidad de la zona.