El Ayuntamiento de Sant Josep está pendiente de que los tribunales indiquen de qué forma se tiene que restituir la legalidad en el Residencial Punta Pinet, un edificio ilegal de la zona de Cala de Bou, en el que el fiscal no ha visto indicios de delito ni en la actuación del Ayuntamiento ni de los promotores, por lo que ha pedido el archivo de la causa penal. Según recordó el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, desde el Consistorio iniciaron en su día el procedimiento para revisar la legalidad de la licencia.
Se da la circunstancia de que uno de los propietarios afectados pidió la ejecución de una sentencia que pesa sobre el edificio y en la que se dice que hay que restituir su legalidad. Sin embargo, Prats asegura que este tema es «muy complicado» porque esto no quiere decir que haya que derribarlo, aunque es una posibilidad. «La sentencia dice que hay que restituir la legalidad, no dice que se tenga que tirar el edificio porque la legalidad no se infringe porque se construya sino porque hay un cambio del parcelario», insistió el regidor, que asegura que ningún jurista le ha dicho que se tenga que demoler, sino que se tendrá que buscar una fórmula para que no haya infracción. De hecho, Prats considera que lo lógico sería que se devolviera la parcela a su superficie original.
Los hechos se iniciaron cuando la promotora consiguió una licencia para construir apartamentos en base a una parcela. El problema es que luego vendió un trozo al vecino de enfrente, que quería construir otro edificio, con lo que los apartamentos pasaron a incumplir el retranqueo. Una de las posibles soluciones sería volver a adquirir una parte. Ahora, el Ayuntamiento ha enviado las posibles propuestas para que un juez interprete cuál es la que se ajusta a la legalidad.
Mientras, los propietarios pidieron que se derribaran sus apartamentos para acabar con esta situación de irregularidad. De hecho, el alcalde recibió un auto en el que se le pedía que cumpliera la sentencia en cuatro meses bajo amenaza de multa.
Prats niega que el Ayuntamiento esté negociando con los implicados un arreglo, tal y como denuncia un afectado. «Como institución no negociamos, sólo hemos abierto los expedientes correspondientes y estamos buscando fórmulas para resolverlos», añadió el concejal, que no quiere pronunciarse sobre el escrito de Fiscalía.
Los afectados no entienden por qué la Fiscalía no aprecia un delito de estafa
Jorge Raúl Orona, propietario de uno de los apartamentos ilegales, lamentó ayer que Fiscalía no haya apreciado que existe un delito de estafa porque, según asegura, él compró un piso sin que le informaran de su ilegalidad. Orona asegura que van a intentar recurrir el archivo de la causa y considera que el Ayuntamiento debería inculpar a los autores primigenios de la ilegalidad. En vez de eso, aseguran que están negociando un acuerdo con las partes implicadas. También defendió que ha pedido que se legalice su casa y, si es necesario, que se derribe, ya que ahora mismo no puede venderla porque tiene un valor inferior por este problema.