La consellera de Turisme i Treball, Joana Barceló, ha anunciado que el Govern no prevé sustituir el Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) con una ayuda autonómica a los parados de Balears que han agotado su prestación y que, a partir de febrero, según anunció este miércoles el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, dejarán de cobrar los 426 euros de ayuda por un periodo máximo de seis meses.
Tras la reunión del Consell de Govern, Barceló ha manifestado que la supresión de esta ayuda se enmarca en la «revisión de las políticas activas de ocupación en la que está trabajando el Ministerio de Trabajo, junto a las Comunidades Autónomas, empresarios y sindicatos», de forma que ha indicado que, antes de febrero, se deberán acordar nuevas medidas que propicien la contratación de los desempleados.
En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo balear tratará de buscar empleo a los más de 4.000 parados de Balears que, a partir de febrero, dejarán de percibir la ayuda de 426 euros y, para ello, ha indicado que se tratará de incentivar la contratación y la intermediación de las empresas de las islas a través del Servicio Público de Ocupación, con el fin de priorizar a este colectivo.
«Se deben revisar las políticas activas de ocupación, porque ahora se están aplicando las mismas que hace diez años, cuando no había paro, por lo que lo lógico es elaborar programas que lleguen a los parados, teniendo en cuenta que antes teníamos dificultades para cumplir la cuota de usuarios, mientras que ahora hay una demanda increíble para cada una de las iniciativas», ha remarcado.
Entre estos programas, ha destacado la contratación directa de desempleados por un periodo de seis meses por parte de los Ayuntamientos para realizar trabajos de interés general y el programa 'Segunda Oportunidad' para jóvenes, mediante el cual, el año pasado se logró que 300 menores de 25 años sin empleo y sin estudios se incorporasen a la enseñanza reglada a través de las escuelas de adultos, de forma que durante media jornada estudiaban para lograr el título de ESO y la otra media trabajaban a través de los municipios.
Asimismo, ha destacado que cada año, el Govern prepara ayudas para incentivar la contratación en determinados colectivos más vulnerables, como los menores de 25 años, los discapacitados y los mayores de 45 años.
Lograr la «máxima ocupabilidad»
De este modo, Barceló ha resaltado que el objetivo es que las personas que dejen de cobrar la citada ayuda, tengan acceso a otros servicios que les supongan un ingreso económico, razón por la cual se revisarán las políticas activas de empleo, con el fin de conseguir la «máxima ocupabilidad de los parados».
«El Estado no se plantea rebajar el montante de las políticas activas, sino incrementarlas y esto también es un compromiso claro del Govern», ha destacado Barceló, quien ha insistido en que lo único que está haciendo el Ejecutivo al suprimir los 426 euros de ayuda es «reconducir los programas para integrar a los parados en el mercado laboral, con un criterio de ocupabilidad más que de subvención, algo que nosotros tendremos que acatar».
Además, ha recordado que el departamento de Bienestar Social gestiona las Rentas Mínimas de Inserción para aquellos casos límite de personas que no perciben ningún tipo de prestación ni ayuda económica y que, según ha lamentado, su número va creciendo cuando las políticas de ocupación «no llegan a todos los desempleados».