La edición de ayer del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) incluyó una resolución de la Demarcación Territorial de Costas en Balears por la que la entidad dependiente del Ministerio de Medio Marino pretende multar con algo más de 9.500 euros la celebración de una boda en dominio público marítimo-terrestre.
El documento de inicio de expediente sancionador y pliego de cargos resalta que el 2 de septiembre del año pasado se formuló una denuncia contra una empresa de hostelería de Sant Jordi por haberse 'apropiado' de 240 metros cuadrados de playa en Platja d'en Bossa, en la zona perteneciente a Sant Josep.
Según la información que maneja Costas, la firma instaló una carpa de 2,5 por 2,5 metros cuadrados y colocó 42 sillas, todo ello con el fin de celebrar una boda. Por esta infracción, Costas considera que la empresa debe pagar una multa de 9.520 euros, decisión que es una propuesta de sanción y, por lo tanto, todavía recurrible por la empresa.
También el BOIB del martes incluía otro expediente sancionador iniciado por la entidad encargada de la gestión y control del dominio público marítimo-terrestre. En este caso la supuesta infracción también tuvo lugar en la parte josepina de Platja d'en Bossa. Según la denuncia formulada el 13 de septiembre pasado, una empresa privada ocupó 90 metros cuadrados de espacio público como aparcamiento para los clientes de un conocido restaurante, «privatizando la zona».
Por esta supuesta infracción, todavía no resuelta en firme, se reclama a la empresa, con sede social en Santa Eulària, que pague una multa de 11.058 euros.
Por último, Costas también reclama a una concesionaria por haberse sobrepasado de los límites establecidos en la autorización para explotar servicios.
En este caso el problema se produjo en Talamanca y, según el departamento ministerial, la firma puso 50 hamacas más de las permitidas. Por esta cuestión, denunciada el 3 de agosto, se reclama el pago de una sanción de 1.800 euros.
30.000 euros por una escalera de acceso al mar
Entre las sanciones propuestas por Costas e incluidas ayer en el BOIB figura una propuesta de sanción de 30.000 euros para un vecino de Sant Joan al que se acusa de haber construido una escalera de acceso al mar en servidumbre de paso y constuir un pozo-depósito de agua en dominio público. Todo ello en un paraje de Sant Joan conocido como Recó de s'Atalaya. La supuesta infracción fue denunciada el 23 de septiembre del año pasado.