El Ayuntamiento de Sant Josep se ha encontrado con un nuevo obstáculo en la aprobación de su planeamiento general, que ha superado ya dos exposiciones públicas y la contestación de hasta 861 alegaciones. Este nuevo obstáculo es la necesidad de obtener un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), debido a la aprobación del nuevo plan director del aeropuerto de Eivissa.
Así, el regidor de Urbanismo del Consistorio 'josepí', Josep Antoni Prats, señaló ayer que, a partir de principios de año, «cualquier modificación urbanística o autorización administrativa que se haga dentro de la zona afectada por las servidumbres aeronáuticas debe contar con el visto bueno de AESA». En el caso de Sant Josep, cerca de la mitad del municipio se encuentra afectado por esta medida. «Antes de poder aprobar las Normas Subsidiarias se tiene que justificar, a través de un estudio de seguridad, que estas modificaciones no afectan a la navegación aérea».
En este sentido, Prats reconoció en la sesión plenaria que la aprobación del planeamiento urbanístico «no es tan fácil como pensábamos hace cuatro años», entre otros motivos, por «la situación urbanística complicada que nos encontramos en 2007 que era peor que la que pensábamos».
Asimismo, Prats anunció que el equipo encargado de la revisión del planeamiento urbanístico ha aceptado en esta segunda exposición pública 183 alegaciones de las 324 presentadas. Entre los dos periodos de alegaciones, el municipio de Sant Josep ha admitido, total o parcialmente, 520 propuestas. Estas nuevas aceptaciones suponen, según Prats, modificaciones «de detalle que no implicarán cambios sustanciales» y, por tanto, no requerirá una nueva exposición pública.
En la sesión plenaria también se aprobó, con el apoyo del Partido Popular y la abstención del concejal independiente Vicent Torres, la ordenanza para la gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta normativa establece la obligación de abonar una fianza, que asciende al 120% del valor del coste del residuo, una vez que se soliciten las licencias correspondientes de obra mayor o menor. En el momento que se acredite que se han eliminado estos residuos de forma correcta la fianza se devolverá. Asimismo, también establece un régimen sancionador para aquellas personas que viertan los restos de construcción y demolición de forma incorrecta. Estas multas oscilan entre los 600 euros para las leves hasta los 1,2 millones de euros para las muy graves: «Uno de los problemas medioambientales es el vertido de los residuos de construcción y obra y desde 2008 hasta ahora se han puesto diferentes multas y se han abierto expedientes pero siguen apareciendo restos de ruinas en diferentes lugares», indicó Prats.
Sin conexión correcta al alcantarillado no hay final de obra
El pleno de Sant Josep aprobó ayer de forma inicial la modificación de la ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. Esta modificación supone no conceder ningún final de obra sin que se justifique que se ha realizado la conexión correcta a la red de saneamiento. «Nos hemos encontrado con problemas de las conexiones del alcantarillado que se deben regularizar y arreglar esta situación de cara al futuro», apuntó el responsable de Medio Ambiente, Josep Antoni Prats. La modificación fue aprobada también con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del concejal Vicent Torres.
Otro punto que obtuvo el visto bueno de la sesión plenaria fue el convenio entre el Consell d'Eivissa y el Consistorio para la aceptación de la escuela infantil de Es Vedranell, en Sant Agustí, con el fin de ponerla en marcha cuanto antes. En este punto el PP instó a mejorar la valla perimetral de seguridad, la construcción de rampas adaptadas y la instalación de una zona de sombra en el exterior.
El concejal del PREF continúa con el PP
El pleno del consistorio empezó con el escrito presentado por el concejal Rafael Tur, del PREF, en el que comunicaba que pasaba a ser concejal no adscrito. El hecho es que, cuando el alcalde Josep Marí Ribas Agustinet, dio cuenta del escrito, Tur reclamó la retirada del documento alegando que el PREF y el PP habían llegado a un acuerdo, con lo que continuaría en la misma situación que en los últimos cuatro años. El pleno de ayer, por su parte, contó con un nuevo portavoz del PP, Serafín Grivé, y con la ausencia de Encarna Castro.