El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Terrasa, calcula que los juzgados de Primera Instancia de Palma e Ibiza, el de Ejecutorias, los de Social y los de Mercantil de la capital balear necesitan ser reforzados con 19 plazas de juez mientras que la Audiencia Provincial requiere de la presencia de otros tres magistrados, lo que conllevaría la creación de una tercera Sección Penal (la sexta del órgano judicial), al tiempo que ha incidido en la necesidad de impulsar otra plaza en la sala de lo social del TSJIB.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de la Memoria de la máxima instancia judicial de las islas correspondiente a 2010, que revela que durante el pasado año se incrementaron en un 4,1 por ciento los asuntos resueltos (219.564) respecto a 2009, a pesar de que las causas que se encontraban pendientes al inicio del ejercicio ascendían a 83.528 (un 5,3 por ciento más), los asuntos registrados se elevaron un 2,2 por ciento (hasta los 227.325) y los que quedaron pendientes al final del año crecieron un 8,9 por ciento (hasta los 90.985).
Más casos de corrupción y más complejos
En este contexto, el presidente del TSJIB ha incidido en la necesidad de dar respuesta a la carga de trabajo que soportan los distintos órganos judiciales del archipiélago, en especial debido al incremento y complejidad de los casos de presunta corrupción política. En cualquier caso, se ha referido al Juzgado de lo Penal número 8 -de Ejecutorias- como la instancia que presenta «la situación más compleja y preocupante» y también en relación a los de otras Comunidades Autónomas.
Así las cosas, Terrasa ha señalado que este jueves mantuvo una reunión con responsables de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de perfilar medidas «a impulsar en un futuro en Baleares», en relación a un posible incremento de medios materiales y humanos, un mayor número de juzgados y el impulso de la Oficina Judicial.
Por otra parte, ha precisado que pese al incremento de cerca del 20 por ciento de la planta judicial entre 2004 y 2010 (19 de 128 jueces) y a que la proporción entre población y número de jueces (11,03 por 100.000 habitantes) se mantiene por encima de la media (10,03), la tasa de litigiosidad en las islas continúa aumentando, con 205,5 asuntos por 1.000 habitantes.
Motivos del aumento de la litigiosidad
Un hecho que ha atribuido al flujo de población flotante inherente al sector turístico, el fenómeno más reciente de la inmigración y la multiinsularidad (dando pie a la creación de órganos de competencia territorial coincidente con la Comunidad Autónoma o con la provincia que sólo la desplegan sobre alguna de las islas).
En relación a los distintos órdenes jurisdiccionales, el de lo civil fue el que sufrió un mayor aumento de asuntos registrados (un 3,7 por ciento más), frente al +1,9 por ciento en penal, el +1,6 por ciento en social y el -1,9 por ciento en contencioso-administrativo. Precisamente, fue este último el que vio incrementada su cifra de causas resueltas (17,3 por ciento más), mientras que respecto a los casos pendientes a final de año, los juzgados de lo penal registraron el mayor aumento (34,6 por ciento).
Abuso de la vía penal
Mientras tanto, al ser preguntado por un posible abuso de la vía penal para dar solución a determinadas causas, el presidente del TSJIB ha justificado esta mayor carga de trabajo de la jurisdicción penal debido a que ésta un «amplio abanico» de casos, a lo que se ha referido como «causas bagatela» que van desde faltas hasta «el crimen más horrendo». «Si disminuyese la competencia penal en estos asuntos, la situación cambiaría de forma sustancial», ha apuntado Terrasa.
Finalmente, respecto a las críticas vertidas recientemente por el PP acerca de que los jueces «actúan bajo las órdenes del Gobierno central», ha manifestado que los magistrados «pueden tener un perfil más conservador o más progresista, lo que es inevitable», aunque ha aseverado que esto «no equivale a que en lo que la Ley les permite mayor libertad, tiendan a resolver en un sentido un otro». «No se puede decir que acatan órdenes de un partido u otro», ha sentenciado.