El arquitecto del edificio es Pla de Vila, Sebastián López Aznárez, declaró como testigo desde Pamplona dentro del caso Eivissa Centre y aseguró que, en ningún momento, se construyó por encima de lo permitido y que el edificio se ajustó siempre a la licencia concedida.
Entre otras cosas, este caso investiga al presidente del Consell, Xico Tarrés, por un presunto delito de falsedad documental por haber hecho una declaración de obra nueva ante notario en la que indicaba que este edificio, situado junto a Juan XXIII, tenía 36 viviendas y cinco plantas, cuando en ese momento, según Roque López, ya era una «mole» de 160 pisos.
Ante el juez, el arquitecto reconoció la autenticidad del certificado original que firmó él mismo en presencia de la notaria y que fue incorporado a esa declaración de obra nueva. Ese encargo no se lo hizo Xico Tarrés en persona, sino la persona que llevaba la gestión de la constructora Gesai en ese momento, Marta Hernández.
El abogado de Roque López, Andrés Tuells, en una de sus preguntas le hizo notar que la declaración de obra nueva era sólo para 36 viviendas y la licencia también, aunque en realidad se estaba construyendo para más de 100, a lo que el arquitecto contestó que la obra «sí se ajustó al proyecto».
El arquitecto, que negó trabajar para la empresa Bruesa, indicó que se encargó de redactar el proyecto del edificio entre abril y junio de 2005 y de su dirección a partir de mayo de 2008. Asimismo, aseguró desconocer por qué el anterior arquitecto no quiso llevar a cabo la construcción de este edificio.
Preguntado por el abogado de la representación de la asociación de afectados del proyecto Eivissa Centre sobre si cuando se inició el edificio era para 36 o para 121 viviendas, el arquitecto indicó que «se empezó a construir por la planta baja con carácter global y no por viviendas, se comenzó por la estructura». Asimismo, reiteró que «no es cierto que se estuviera construyendo por encima de lo que permitía la licencia».
También dejó claro que en el momento de emitirse el certificado el edificio estaba en fase de estructura y no estaba levantando como tal ninguna vivienda. En ese momento, aproximadamanete, había unos 2.500 metros de estructura y, según el arquitecto, la licencia amparaba más. También negó haber realizado ninguna visita de obra con algún miembro del consejo de administración de la empresa mixta Itusa.