El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach viajó ayer a Eivissa para estar presente en las primeras comparecencias de trabajadores que han tenido lugar en el juzgado con motivo de la investigación que motivó la última detención del empresario Fernando Ferré, en su día cabeza del Grupo Playa Sol.
El juez Santiago Pinsach, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, citó ayer tarde a los primeros 15 empleados y hoy tiene previsto recoger las manifestaciones de otros 12. En total, sin embargo, en la causa figuran como citados unos 80 trabajadores que se considera pudieran haber estado siendo explotados en este grupo hotelero. Todos los empleados citados han sido llamados a declarar en calidad de testigos. En su mayor parte son personas procedentes de países del Este de Europa, sobre todo de Polonia y de la antigua República Checa.
Contratos checos
Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción emprendió las investigaciones por los distintos delitos que motivaron el arresto de Ferré cuando desde la Fiscalía de Eivissa ya estaba en marcha una segunda causa contra el empresario precisamente al considerarse que pudo incurrir en un presunto fraude millonario contra la Seguridad Social con la contratación de personal precisamente procedente de Chequia.
Ello ocurrió meses después de que Fernando Ferré se aviniera a una sentencia de conformidad, que le evitó cumplir pena de cárcel, en la primera causa que se abrió contra él por un delito contra los derechos de los trabajadores después de que la policía llevara a cabo una redada en dos de sus hoteles. Esta actuación puso al descubierto un nutrido grupo de empleados, la mayor parte de ellos rumanos y magrebíes, que vivían en los hoteles San Remo y S'Estanyol, entonces en reformas, y que cobraban un salario mínimo por su trabajo.