La que fuera consellera d'Obres Públiques durante la ejecución de las autovías de Eivissa y ahora portavoz popular en el Parlament, Mabel Cabrer, se refirió ayer al informe jurídico en el que se asegura que hubo prevaricación administrativa y malversación de fondos en la tramitación de las obras de los desdoblamientos y calificó el comportamiento del exconseller Jaume Carboner de actuar «en clandestinidad y con oscurantismo».
Y es que para Cabrer es «muy extraño» que se haya ocultado, en primer lugar, el informe de la Abogacía de la Comunitat Autònoma referente a las auditorias de Eivissa y, en segundo lugar, que el informe dado a conocer por el GEN. «Resulta que la Abogacía hace su informe y, como no es lo que quiere Carbonero, pues lo esconde; y es que en este informe no sólo no dice que no hay ninguna irregularidad penal sino que además la auditoría está plagada de errores de bulto en temas de expropiación y competencia».
Al ser cuestionada por si, a día de hoy, defendía la tramitación de las autovías, Cabrer declinó opinar: «Estamos hablando de un señor que durante cuatros años ha estado empleando el dinero público en un persecución sin precedentes y esto es muy grave y se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a dedicar a que aflore toda la verdad», apuntó.
El dinero público
Para la que fuera consellera d'Obres Públiques en la legislatura de Jaume Matas, el delito está en la actuación del exconseller Jaume Carbonero: «Lo delictivo es su actuación y por qué se gasta el dinero público así y este afán persecutorio», añadió, y aseguró que hay cosas «que no se pueden tolerar, con dinero de su bolsillo que haga lo que quiera pero con el público lo tiene que explicar».
Y es que, según informó Mabel Cabrer, el informe realizado por el catedrátido de Derecho Penal, Francisco Javier Àlvarez García, no ha sido adjudicado por concurso público y se desconoce el coste del mismo. «Cuando la Abogacía le dice que no hay nada, a golpe de talonario encarga otro informe con dinero público». Para la portavoz popular el informe de la Abogacía de la Comunitat Autònoma es «mucho más sólido» al considerar que «no funcionan a golpe de talonario» al ser el ente que lleva todos los temas penales del Govern.
Cabrer también calificó de «inaudito» que haya sido el GEN el que diera a conocer este informe: «Es muy grave que el GEN tenga este documento cuando es de la administración», apuntó.
Mabel Cabrer indicó que a lo largo de la próxima semana se presentará el informe que elaboró la Abogacía en el mes de octubre y en el que se descarta que hubiera delito alguno en la autovías de Eivissa»: «Cuando se adjudicó la auditoría, después de tres expedientes, se hicieron una previas que Carbonero cambió con anotaciones a mano e hizo manipulaciones hasta que salió el documento definitivo», puntualizó.
La portavoz en funciones del Consell d'Eivissa, Patricia Abascal, también se refirió al informe jurídico penal: «Si el informe dice que hubo una serie de irregularidades, se tendrán que llevar a cabo los pasos oportunos para que los responsables paguen por estas acciones».
El Consell instó en febrero a remitir la auditoría a Fiscalía
El conseller en funciones de Política de Mobilitat i Medi Ambient, Albert Prats, remitió un escrito a finales de febrero instando al Govern a trasladar la auditoría de las autovías a Fiscalía «con la finalidad de delimitar las eventuales responsabilidades de las numerosas irregularidades detectadas».
En este escrito, Albert Prats hace referencia a unas «notas» elaboradas por la Abogacía de la Comunitat: «Resulta del todo inapropiado que se despache este trámite por parte de la Abogacía cona unas simples 'notas' relativas a la auditoria que comprenden 2.000 hojas y que hacen referencia a contratos de gran trascendencia, no solo por su cantidad sino también por la profunda alarma social que provco la actuación de la administración».
En las cinco hojas, el Consell resalta que la Abogacía de la Comunitat obvia algunas conclusiones transcendentes y considera que, el hecho de que se diga que no hay indicio de infracción penal, es «una simple manifestación huérfana de todo ejercicio argumental».
El Consell instó en febrero a remitir la auditoría a Fiscalía
El conseller en funciones de Política de Mobilitat i Medi Ambient, Albert Prats, remitió un escrito a finales de febrero instando al Govern a trasladar la auditoría de las autovías a Fiscalía «con la finalidad de delimitar las eventuales responsabilidades de las numerosas irregularidades detectadas».
En este escrito, Albert Prats hace referencia a unas «notas» elaboradas por la Abogacía de la Comunitat: «Resulta del todo inapropiado que se despache este trámite por parte de la Abogacía cona unas simples 'notas' relativas a la auditoria que comprenden 2.000 hojas y que hacen referencia a contratos de gran trascendencia, no solo por su cantidad sino también por la profunda alarma social que provco la actuación de la administración».
En las cinco hojas, el Consell resalta que la Abogacía de la Comunitat obvia algunas conclusiones transcendentes y considera que, el hecho de que se diga que no hay indicio de infracción penal, es «una simple manifestación huérfana de todo ejercicio argumental».