El conseller insular de Territori, Mariano Juan, se comprometió ayer a intentar buscar una solución para legalizar las canteras de Eivissa, después de que la Asociación de Canteras denunciara esta semana que no pueden regularizar su situación porque las administraciones nunca califican el suelo en el que operan como extractivo y las dejan en suelo rústico, lo que les provoca problemas judiciales.
Juan indicó que no hay prácticamente ninguna de estas instalaciones que sea legal y que tenga todos los permisos. «Depende de muchas administraciones y se ve que es muy complicado», añadió el conseller, que considera que es un tema «delicado» porque las canteras son «necesarias» para suministrar material a la isla, pero trabajan siempre «con la problemática de que un vecino les denuncie».
«Es una realidad física»
«En la medida que podamos intentaremos solucionarlo, pero aún no he estudiado la problemática», añadió el conseller, que cree que el Plan Territorial (PTI) debería reflejar la realidad. «Se debería contemplar que este suelo tiene otra denominación», añadió Juan, que cree que este tema puede ser abordado también en las negociaciones con la oposición para llegar a un pacto territorial que se iniciaron la semana pasada. «Es una realidad física y de alguna forma se tiene que arreglar y reconocer, hay que buscar la fórmula pra que las extracciones sean legales y cumplan la normativa», añadió.
Por otro lado, Juan tiene que preparar una propuesta para la próxima reunión con PSOE-Pacte con todo lo que piensa el PP que se tiene que reformar en materia urbanística con el fin de «estudiarlo detenidamente» e intentar llegar a un acuerdo. En principio la idea del PP es recuperar la ley 11/2005 que fue derogada por la ley 4/2008 de los progresistas.
Una de las primeras cuestiones que el conseller piensa que se tiene que abordar en la próxima reunión es la anulación de la moratoria en las Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI) porque mantiene «paradas muchas licencias». Asimismo, considera que debería hablarse de la incorporación a la legalidad de viviendas cuyos delitos urbanísticos ya han prescrito o de permitir la construcción de campos de golf, cuestiones que ya se contemplaban en esa ley de los populares de 2005. Juan criticó que ahora mismo el PTI no puede desarrollarse en toda su integridad porque esa normativa de 2005 está derogada.
Benirràs y Roca Llisa, más adelante
El conseller de Territori cree que no es tan urgente tratar en las reuniones con PSOE-Pacte la protección de Benirràs y Roca Llisa. «Es una cuestión que hay que estudiar con más detenimiento y no será en la próxima reunión», explicó Mariano Juan, que cree que lo más urgente es poner en vigor el PTI y anular las moratorias. El nuevo equipo de gobierno del Consell siempre ha defendido que hay que llegar a un acuerdo con los propietarios de estos enclaves que evite que la institución tenga que pagar indemnizaciones, lo que podría implicar la desprotección de estos espacios.