Un grupo de integrantes de la antigua Plataforma Antiautopistas presentó ayer un escrito ante Fiscalía para que investigue «en profundidad» la auditoría de las autovías y el informe elaborado por un catedrático de la Universidad Carlos III que asegura que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación en la adjudicación y la construcción de las carreteras.
Los denunciantes, que se presentan como afectados «directamente o indirectamente» por la autovía de Sant Antoni, recordaron ayer que el diseño, licitación y construcción de las carreteras estuvo acompañada de una «fuerte contestación social» y numerosas denuncias referidas a «posibles ilegalidades, irregularidades económicas o abusos contra los afectados».
Asimismo, remarcaron que los tribunales han tramitado diversas causas en las que «muchas de estas irregularidades quedaron acreditadas pero sin llegar a una verdadera depuración de responsabilidades». En este sentido se refieren por ejemplo a las sentencias favorables a los expropiados. También recordaron que la auditoría encargada por el Govern «confirma la existencia de irregularidades denunciadas y de muchas más que no se conocían».
Por ello, exigen una «investigación formal y en profundidad» por la «magnitud y gravedad» de los hechos que se reflejan en la auditoría y el informe y lograr una verdadera «depuración de responsabilidades penales».
Pep Marí, Marge, que también es concejal de PSOE-Pacte en Sant Antoni, aclaró que ponen la denuncia a nivel particular y confió en que la Fiscalía actúe. Remarcó que el PP dejó perder nueve millones del convenio de carreteras con el Estado para hacer estas obras y que aún hay dos responsables directos de estas obras, el expresidente del Consell, Pere Palau y la exconsellera d'Obres, Públiques, Mabel Cabrer que están en activo. Sobre esta última lamentó que solo salga a hacer declaraciones «para atacar a los ciudadanos».
Junto a la denuncia aportaron cinco cd's de la auditoría, el informe penal y dos sentencias favorables a expropiados de la vía de Sant Antoni.
Quieren revisar las causas judiciales relacionadas
En su escrito destacan que tanto la auditoría como el informe pueden ofrecer «información relevante» para esclarecer otras investigaciones judiciales que se iniciaron en su momento y sobre las que no fue posible recabar toda la infromación. Por ello piden que se revisen todas las causas relacionadas con estos hechos por si se pudieran derivar «nuevos indicios delictivos hasta ahora no conocidos o no demostrados».
La denuncia se presenta a nivel personal y sin representar a ningún partido político, pese a que algunos formen parte de la coalición PSOE-Pacte.