Las cifras del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics d'Eivissa i Formentera no dejan lugar a dudas. La construcción ha caído en picado en las Pitiüses en el primer semestre de 2011 y se han visado un 70% de metros cuadrados menos que en el mismo período del año anterior, un total de 63.882. También el volumen de los presupuestos ejecutados es inferior en un 70% y alcanza los 34 millones de euros.
Las caídas más pronunciadas se dan en el municipio de Eivissa, con un 91% de bajada. Los descensos son menos espectaculares en otros municipios, por ejemplo en Santa Eulària baja un 50%, en Sant Antoni un 14%, en Sant Joan un 33% y en Formentera un 83%. El único que ha visado más metros que el año pasado en estas fechas es el municipio de Sant Josep, con un aumento del 124%.
El presidente de los arquitectos técnicos, Vicent Serra, remarcó que no se esperaban esta importantísima caída. «Pensábamos que ya habíamos tocado fondo, pero el último trimestre ha bajado una barbaridad», indicó Serra, que atribuyó este descenso a las moratorias que han regido en años pasados en algunos municipios, a la crisis económica, a la falta de concesión de crédito por parte de los bancos y a la tardanza en dar licencias por parte de las administraciones. Pese a que ahora solo hay una moratoria en zonas ANEI, Serra explicó que los proyectos y las licencias tardan en darse y que las suspensiones de licencias que ha habido en años pasados todavía les pasan factura. «Tendremos que hacer esfuerzos para volver a arrancar, esto no quiere decir que queramos volver a las cifras de 2006 porque no es lo que se busca, pero es que ahora el sector está parado», remarcó.
Más reformas
Los descensos son más pronunciados en obra nueva que en reformas y ampliaciones. De esta forma, en el conjunto de las Pitiüses el total de metros visados de obra nueva han bajado un 78%, mientras que las reformas y ampliaciones lo hacen un 57%. En el caso de las reformas y ampliaciones se da una paradoja y es que pese a que se han visado un 57% menos de metros, los presupuestos han aumentado en un 2%.
El volumen de metros cuadrados que han sido sometidos a reforma han sido 32.049, una cifra ligeramente superior a la obra nueva, que registró 31.833 metros cuadrados. En total, se han reformado o ampliado 59 edificios y se han construido 63 nuevos.
El presidente del colectivo señaló que el aumento de las reformas y ampliaciones se debe a que «lo único que se hace» son arreglos de casas por parte de los propietarios. Por eso pide a los ayuntamientos que agilicen los trámites para la concesión de licencias. «Tienen que facilitarnos el trabajo y no ponernos pegas», añadió.
Por municipios, donde se ha construido más obra nueva es Santa Eulària, con 15.659 metros cuadrados, seguido a gran distancia por Vila (4.666 m2), Sant Josep (4.196 m2) y Sant Antoni (4.065). El único municipio que aumenta su construcción de obra nueva respecto al año pasado es Sant Joan, con un 10% más. Sant Josep destaca por el gran número de reformas y ampliaciones, ya que las obras de este tipo visadas han aumentado un 451%.
Vicent Serra recordó que en Vila hay zonas paralizadas porque no se podrá construir hasta que no haya nueva depuradora. Además, remarcó que los promotores no se embarcan en obras nuevas porque antes quieren vender lo ya construido.
Las previsiones es que se acabe el año con bajadas como las del primer semestre si no se toman medidas por parte de la Administración.
Inspección de edificios para combatir la crisis
El presidente de los arquitectos técnicos indicó que una posible solución para reactivar la construcción, además de la agilización de la tramitación de licencias por parte de los ayuntamientos, sería que se implantara la obligatoriedad de una inspección técnica de edificios, algo que ya funciona en Palma.
Según Serra, esto supondría una reactivación de la rehabilitación y una mejora importante de los cascos antiguos. «Es positivo para el sector y para la seguridad ciudadana, en Palma funciona muy bien», remarcó el presidente de este colectivo, que indicó que el Govern tiene previsto aprobar un decreto para obligar a los ayuntamientos a hacerlo.
Serra explicó que en su día se habló de implantarlo en Vila pero no se continuó y Sant Antoni también lo quería recoger en su planeamiento, que aún no está aprobado.