El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Mallorca dictó el pasado miércoles un auto por el cual aplaza la demolición de la casa Puig d'en Serra, ubicada en el municipio de Sant Josep.
El auto, que no compromete la ejecución, sólo retrasa el derribo de la edificación el tiempo necesario para que el perito judicial pueda cumplir adecuadamente con el «encargo profesional encomendado». «A través de este auto no se declara la ineficacia del decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia sino que, tan sólo, se suspende su ejecución, retrasándose el tiempo necesario par que el perito judicial pueda cumplir adecuadamente el encargo profesional que se le asignó en este proceso», apunta el escrito.
Cumplimiento
Así, continua el auto, «una vez que el referido perito haya inspeccionado el inmueble y se considere suficientemente informado para poder redactar el informe que se le encargara, se ejecutará el referido decreto municipal, debiendo la empresa demandante cumplir con las obligaciones asumidas y recogidas en el referido acto administrativo cuya ejecución se suspende prudencialmente en la forma que se ha indicado».
De hecho, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca reitera en el escrito que la ejecución del decreto de alcaldía solo se suspende «hasta el momento en el que el perito que se designe hay inspeccionado el inmueble y se considera suficiente informado para poder redactar el encargo el dictamen».
Así las cosas, el auto pretende evitar que una vez que se entreguen las llaves de la vivienda de Puig d'en Serra al técnico que debe realizar la inspección le siga «la demolición del edifico con anterioridad a la práctica de la prueba pericial». Además en el decreto municipal no se mencionan plazos para llevar a cabo la demolición del inmueble por lo que, según el Juzgado, se crea «una situación de inseguridad jurídica que no garantiza que el perito pueda realzar en tiempo y forma el encargo».
Prats:«Acatamos la resolución judicial»
El tercer teniente de alcalde de la corporación municipal, Josep Antoni Prats, manifestó a través de un comunicado que desde el equipo de gobierno «acatamos la resolución judicial». Aún así instó a que se realice «lo más rápido posible para poder ejecutar la sentencia y hacer efectiva la demolición de la vivienda ilegal». Y es que desde el Ayuntamiento de Sant Josep tienen ya adjudicada las obras de domicilian de Puig d'en Serra desde hace meses.