La defensa del expresidente Jaume Matas ha pedido a la Audiencia de Baleares que declare incompetente al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para investigar los incrementos supuestamente irregulares en su patrimonio, ya que se produjeron antes de la construcción del velódromo.
En un escrito presentado hoy, el letrado Antonio Alberca recuerda que el juez Castro unió en 2009 a la causa del Palma Arena la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de unas denuncias anónimas presentadas en 2008 sobre el incremento del patrimonio de Matas, al considerar que fue consecuencia de posibles desvíos de dinero en la construcción del pabellón deportivo.
En el escrito de reclamación de incompetencia, la defensa de Matas indica que el juez, en el auto de marzo de 2010 en que impuso una fianza penal de 3 millones a Matas, habla de dos viviendas que Matas, mediante supuestos testaferros, adquirió en la Colonia de Sant Jordi (Mallorca) y en el barrio de Salamanca de Madrid.
Tras mencionar estos dos inmuebles, el juez añade que «resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio», según el escrito.
Sin embargo, alega el letrado, el juez no puede buscar el dinero que supuestamente se desvió en la construcción del Palma Arena -pabellón que pasó de costar 50 millones a alrededor de 110- en ninguna de estas dos viviendas, ya que ambas se adquirieron antes de que, en 2005, se edificara el velódromo.
Alberca explica que el apartamento de la Colonia de Sant Jordi lo adquirió la madre de Matas (supuestamente actuando como testaferro del expresidente) en 2002, y el piso de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid, valorado en un millón de euros, lo apalabró la mujer de Matas en 2003 y ese mismo año lo compró Bartolomé Reus, amigo y presunto testaferro del expresidente.
Indica además que las denuncias anónimas que en 2008 dieron lugar a la investigación fiscal del patrimonio de Matas «nada tenían que ver con el Palma Arena».
Por todo ello, argumenta que la investigación del supuesto enriquecimiento que el expresidente hubiera obtenido antes de 2005, cuando se construyó el velódromo, tenía que haberse llevado aparte y que la decisión de Castro de atribuirse esta investigación fue «manifiestamente ilegal».
De hecho, el letrado apunta que la investigación del piso de la Colonia de Sant Jordi la debería llevar un juzgado de Manacor y la de la vivienda de Madrid, un juzgado de la capital española.
La defensa de Matas también ha solicitado hoy ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, del que es titular Castro, una copia de la documentación que al parecer ha recibido el juzgado de autoridades estadounidenses sobre la investigación patrimonial del expresidente y su esposa, Maite Areal, quienes residieron unos años en ese país.
Alberca indica que ya ha pedido esta documentación otras tres veces y no se le ha facilitado, lo que vulnera los derechos de sus defendidos.
En otros dos escritos, el letrado pide asimismo a Castro que archive la imputación de Matas respecto a dos piezas del caso Palma Arena, dividido en unas 25 partes.
La primera es la pieza número 10, referida a la adjudicación por parte de la Fundación Illesport -encargada de la construcción del velódromo y que presidía Matas- de varios contratos supuestamente irregulares.
Asegura el abogado que los testigos que declararon en esta pieza no responsabilizaron al expresidente de estas contrataciones.
La pieza 15 versa sobre la contratación de empresas del ex director general de Deportes del Consell de Mallorca Antoni Palerm por valor de 840.000 euros para diferentes tareas en la construcción del velódromo.
Según Alberca, Matas no tuvo ninguna relación con estas contrataciones, ya que ningún testimonio ni documento así lo indica.
En este escrito, el abogado recuerda que en las resoluciones de las peticiones de archivo respecto a otras piezas el juez Castro ha confirmado que Matas no está imputado en cinco de ellas, y tiene «sospechas y recelos «, según el letrado, de que sí participó en otras dos.