La consellera de Benestar Social, Mercedes Prats, acusó ayer a los progresistas de abrir la residencia de Sant Jordi sin estar oficialmente acreditada en la Red de Dependencia, lo que les puede traer consecuencias «a la hora de justificar convenios». Prats cree que los progresistas tuvieron demasiada «premura» por abrir el centro antes de las elecciones y «no se buscó el interés del usuario». No pudo dar fecha de resolución de este problema, pero indicó que harán «todos los esfuerzos». La gerente del Consorcio Sociosanitario añadió que la solicitud se hizo el 25 de marzo con «documentación ficticia», ya que no había pasado por junta.
La exconsellera de Política Social Patricia Abascal se defendió diciendo que normalmente los centros se inauguran antes de contar con esta acreditación, que requiere mucho papeleo, e indicó que también el PP abrió Can Blai sin realizar este trámite. Además, recordó que Prats ha tenido cuatro meses para acreditar la residencia.
Can Raspalls
Por otro lado, el PP rechazó una propuesta de PSOE-Pacte en la que pedían la puesta en marcha de un plan piloto para aprovechar los recursos de la residencia de Sant Jordi por parte de alumnos de necesidades especiales de Can Raspalls. La consellera de Benestar Social se negó porque la Conselleria balear d'Educació está realizando una valoración de las necesidades de todos los niños de la isla en esta situación para «planificar bien qué se necesita».
En otro momento del plenario, la progresista Patricia Abascal lamentó que el Consell no haya conseguido firmar todavía con el Govern muchos convenios económicos de los que dependen muchos servicios sociales, como la residencia de Can Blai, la Oficina de la Dona o los viajes gratis para jubilados. «¿Por qué a Eivissa no llega el dinero?», criticó Abascal, que remarcó que la residencia de Sant Jordi esté «infravalorada» y la de Sant Antoni aún no se ha abierto. Prats respondió que se han encontrado un desfase «muy grande» y remarcó que el dinero llegará.
En el pleno también se aprobó un reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores de 878.151 euros. Entre estas facturas fuera de presupuesto está el mantenimiento del centro de menores o las obras de la guardería de Sant Agustí, algo que el conseller Minchiotti consideró especialmente grave. De hecho, señaló que los progresistas hicieron modificaciones de crédito por 23 millones y que cada mes tienen que pagar 56.000 euros de préstamos heredados de los progresistas. También indicó que a 30 de junio había 2,1 millones pendientes de pago y ahora han hecho aflorar facturas que estaban en los cajones por valor de 9.
Por otro lado, Abascal criticó que los mayores de Eivissa no puedan viajar a Menorca con el Pla Oci 60. Mercedes Prats reconoció que se trata de una «muy mala noticia» pero acusó a los progresistas de provocar este problema con su «mala gestión económica».
Solo se recortarán líneas de bus de «baja incidencia»
La consellera de Mobilitat, Pepa Costa, criticó que los progresistas hicieron contratos con las empresas de autobús «no asumibles» porque no se llegó a recibir el millón de euros de Presidència que el Govern había prometido. De esta forma, se presupuestó en 1,3 millones cuando realmente solo se contaba con 450.000. «Ahora tenemos unas deudas con las empresas difíciles de asumir», remarcó Costa, que indicó que esto les obligará a replantear las líneas de autobús. «No está claro si se eliminarán líneas, pero sí que se racionalizarán y si se recorta algo será en líneas de baja incidencia», añadió.