UGT ha solicitado hoy la creación de un mesa negociadora para pactar el despido de 800 contratados laborales de la Administración Pública anunciado por el Govern el pasado 28 de septiembre y que, según el sindicato, ya se está produciendo de forma individual.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Aurelio Martínez, ha dicho hoy en rueda de prensa que es necesaria la creación de esta mesa ante la negativa del Ejecutivo balear de negociar los despidos de los trabajadores públicos.
El sindicato presentará mañana un escrito en el que solicita la creación de esta mesa, que deberá formar parte de una comisión ya creada por el Govern y cuyos siete miembros perciben un salario, lo que contradice la intención de ahorro del gasto público, según el secretario de Administración Autonómica del sindicato, Jorge Crehuet.
Crehuet ha añadido que el Ejecutivo balear se contradice también al constatar la contratación de asesores externos en determinadas empresas como en el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).
Por ello, ha exigido que «el Govern diga qué va a hacer, dónde, cómo y cuándo» porque los sindicatos desconocen los criterios que se están aplicando en la liquidación de los trabajadores públicos y cuánto costará.
UGT ha informado de que ya se están produciendo despidos de forma individual y se ha preguntado si lo harán de esa manera hasta llegar al número establecido de 800.
El sindicato tiene constancia de unos ocho despidos en instituciones como Espai de Natura y ha denunciado el intento de liquidar a 25 trabajadores del Instituto de Innovación Empresarial adscrito a la vicepresidencia del Govern.
Los despidos en este instituto están detenidos por el momento porque ha intervenido UGT, según ha indicado los representantes sindicales.
El responsable de UGT de las empresas públicas de la CAIB, Jordi Rivas, ha exigido al Govern decidir un modelo de administración pública para Baleares porque «no es responsable que Bauzá (el presidente del Govern, José Ramón Bauzá) diga que viene a tomar decisiones» con el despido de 800 trabajadores.
El sindicato ha agregado que en el caso de que se concreten los anunciados despidos y se confirme la contratación de otras personas, como cree que podría ocurrir, no descarta presentar una demanda.
«Da miedo pensar que entramos en una dinámica de despidos y por otro lado se contrata a más gente», ha indicado Crehuet.
Jordi Rivas ha destacado que el sindicato «va a hacer su papel, que es representar a los trabajadores» ante las amenazas que se dan «de forma directa o velada».
Los representantes sindicales han manifestado que entre los trabajadores públicos existe temor por su futuro y no se atreven a denunciar las irregularidades que detectan, «lo que era impensable hace un año».
Han añadido que en las empresas públicas se ha llegado a filtrar «por errores informáticos» listados de nombres de personas, que podrían ser despedidas. «Ha comenzado (el Govern) a ningunear a los trabajadores», ha dicho Rivas.
UGT no descarta futuras movilizaciones para protestar por el «oscurantismo» que está aplicando el Govern con esta decisión y por la posibilidad de nuevas contrataciones ante los despidos.
El sindicato ha insistido en establecer un marco legal para este tipo de situaciones porque considera que la actual ley del sector pública es «coja» e ineficaz, ya que el Ejecutivo anterior intentó controlar el gasto público y no lo consiguió.