El Govern tiene ya prácticamente cerrado un proyecto de ley de medidas urgentes que autorizará la construcción de algunas de las urbanizaciones paralizadas por el Pacte en la anterior legislatura. En concreto, se dará el visto bueno a Es Guix, Ses Fontanelles y Monport y también se está trabajando para incorporar Ses Feixes, en Eivissa, entre otras que están en estudio.
El texto definitivo aún no está cerrado pero el Ejecutivo de José Ramón Bauzá quiere concluir el documento cuanto antes para enviarlo al Parlament con el objetivo de reactivar la iniciativa privada de inmediato.
Salvar los muebles
«Hay que salvar los muebles», aseguran en el Govern ante la posibilidad de tener que pagar los 917 millones de euros en indemnizaciones que han solicitado los promotores de los proyectos paralizados en la época de Francesc Antich. En el caso de Ses Fontanelles, en Palma, la petición suma 215 millones de euros. La ejecución de este proyecto, con licencia de obra aprobada, fue suspendida por un periodo de tres años. Ya han pasado cuatro desde la suspensión de la licencia y por ello el promotor ha pedido 8 millones de euros adicionales en concepto de intereses.
El caso de Monport, en Andratx, y Es Guix, en Escorca, es diferente pero ambos tienen algo en común: el Govern asegura que la obras de urbanización, es decir, las calles, el alumbrado o el alcantarillado, ya están finalizadas. Los promotores de Monport exigen una indemnización de 34 millones de euros tras la paralización del proyecto.
Dos leyes de Antich
El Ejecutivo de José Ramón Bauzá está revisando dos leyes que se aprobaron en la época del Pacte y que han originado las peticiones de indemnización. Nada más formar gobierno, aprobó un decreto ley que paralizó, entre otras urbanizaciones, Ses Feixes, en Eivissa, y
Ses Fontanelles en Palma.
Una segunda ley en vigor desde 2008 suspendió la ejecución de Cala Carbó y El Vilar (Pollença), Cala Blanca y Monport (Andratx), Muleta (Sóller), urbanizaciones en Felanitx y Calvià, además de Roca Llisa (Santa Eulària des Riu), Punta Pedrera (Sant Josep de sa Talaia) y Benirràs (Sant Joan de Labritja). Todas ellas piden las indemnizaciones que suman 917 millones.