Alrededor de 30 mujeres solicitan cada mes información para interrumpir voluntariamente su embarazo en las Pitiüses. De esta treintena, en torno a un 85% decide continuar adelante y el 15% restante abandona la idea.
El 10% de las intervenciones se realiza en las Pitiüses, tanto en el hospital Can Misses como en el de Formentera. El 90% hasta ahora se trasladaba a clínicas de Palma con las que existía un concierto por parte del Govern balear. A partir de ahora, el Ejecutivo autonómico quiere que la mayoría de las operaciones se hagan a través de la sanidad pública debido al alto coste que suponían estos conciertos, que ascendieron a un millón en 2011. Desde el Àrea de Salut informaron ayer de que este 10% de abortos que se realizaban en las Pitiüses se hacían cuando estaba en riesgo la salud de la mujer o hubiera malformación del feto.
Polémica
La decisión del Govern balear de romper estos conciertos ha generado una gran polémica, ya que las mujeres que no pueden ser intervenidas en la sanidad pública porque no haya médicos suficientes deben adelantar el pago de la intervención, que oscila entre los 340 y los 440 euros, dependiendo de si se hace con anestesia local o total.
En los últimos días el Ejecutivo ya ha matizado que se están buscando fórmulas para que las mujeres no tengan que adelantar el dinero. En el caso de Eivissa y Formentera puede resultar algo complicado que la mayoría de intervenciones se hagan en centros públicos pitiusos, ya que el 50% de la plantilla de ginecología alega objeción de conciencia. En Can Misses hay 12 ginecólogos, otros dos en centros de salud y dos en Formentera, además de la que trabaja en la Unidad de Atención a la Mujer.
El portavoz del Àrea de Salut indicó que si no hay médicos suficientes en las Pitiüses las pacientes serán trasladadas a Palma para que el aborto les sea practicado en Son Espases. De hecho, matizó que hay mujeres que prefieren viajar a la isla vecina por un motivo de privacidad. Según recordó, el Govern quiere invertir las cifras actuales y que solo el 10% de las intervenciones se hagan en centros privados. De todas formas, recordó que aún está por definir la forma en la que se hará en el caso de las Pitiüses. También insistió en que desde el Govern se quiere tener un mayor control del proceso, porque antes solo se recibía información de la clínica privada cuando ya se había realizado el aborto.
En cuanto a la objeción de conciencia de los médicos, desde el Àrea de Salut aclaran que la mayoría de mujeres no llega a la operación, ya que el 80% de los abortos se hacen por vía farmacológica. Asimismo, los facultativos solo pueden objetar a la hora de prescribir el medicamento o al hacer el legrado, pero sí están obligados a hacer el seguimiento.
Cuando una mujer solicita información se le entrega un sobre cerrado y se les conmina a un período de reflexión de tres días, tal y como obliga la ley.
El PSIB estudia interponer un recurso contra el Govern
El PSOE estudia interponer un recurso contra el Govern por vulneración de los derechos de las mujeres al permitir que ellas adelanten el pago del aborto cuando son derivadas a clínicas privadas. Los socialistas creen que «el PP aplica recortes ideológicos ultraderechistas» con el pretexto de los ajustes presupuestarios que van «contra las mujeres más vulnerables». De hecho, creen que se incumple la ley y la Constitución. También la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Balears ha pedido que se paralice la medida.