PSOE-Pacte está dispuesto a ir al Constitucional o a tribunales europeos si el Govern sigue adelante con el proyecto de modificación de la Llei de Funció Pública mediante el que se contempla que el catalán deje de ser un requisito para acceder a la administración pública. La diputada Esperança Marí advirtió ayer que si llega finalmente al Parlament «da pie a ir a instancias superiores y a los tribunales que correspondan; no dejaremos que quede así como así».
PSOE-Pacte espera que el Govern reflexione y que este anteproyecto no entre finalmente en el Parlament. «Pedimos sentido común, diálogo y consenso. Estamos a tiempo», dijo ayer la diputada Pilar Costa, que aseguró que el Consell y los ayuntamientos de la isla han presentado alegaciones sobre los topónimos.
En las alegaciones presentadas, se recoge que al dejar de ser el catalán un requisito y equiparar las dos lenguas oficiales se vulnerará el Estatut d'Autonomia en el que se contempla el catalán como lengua propia de Balears. «Se puede dar el caso de personas que no sepan o no quieren saber catalán porque no tienen la obligación de resolver un expediente acaben utilizando traductor», advirtió Costa, que recordó que hay sentencias del TSJB que avalan la discriminación positiva del catalán.
Costa aseguró, además, que esta modificación va en contra del artículo 14 de la Constitución que recoge el principio de igualdad y que nadie puede ser discriminado y en contra del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge las peculiaridades de las comunidades que tienen otra lengua oficial.
La oposición asegura que no sólo ellos están en contra de esta modificación de la ley sino que también lo han expresado desde ayuntamientos populares. «Se está creando un movimiento en contra; la ley es sólo una excusa para cambiar el modelo lingüístico», dijo Costa. Marí recordó, además, que se modifica una ley que afecta a los funcionarios públicos «cuando se ha parado la contratación, por qué se crea este conflicto».
«Presión de sectores de la ultraderecha»
Para la diputada Pilar Costa este anteproyecto es realmente «una modificación del modelo lingüístico de las islas de forma unilateral por primera vez en 25 años en nuestras islas, desde que se aprobó la ley de normalización lingüistica». Costa aseguró que Bauzá ha roto, por primera vez, el consenso político, «por presiones de sectores de la ultraderecha» y que su intención es hacer «un fraude de ley, porque se modifica por la puerta de atrás la ley de normalización lingúistica y se vulnera el Estatut d'Autonomia».