Los despidos resueltos por sentencia costaron 7,7 millones a empresas de Balears en 2011

Los jueces de lo Social dictaron en 2011 un total de 562 sentencias por despido en Balears, que tuvieron un coste de 7,7 millones de euros para los empresarios, según los datos del pasado ejercicio que obran en poder del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A esa cantidad hay que añadirle otros 5 millones correspondientes a reclamaciones de cantidades por diferentes conceptos, con un total de 12,7 millones de euros abonados por las empresas a sus empleados.
En el apartado de conciliaciones alcanzadas entre las partes (acuerdos una vez celebrado el juicio), el total ascendió a 6,7 millones. Sumando todos los conceptos, los empresarios de las Islas abonaron a los trabajadores 19,5 millones de euros el pasado ejercicio.
La media de indemnización cobrada por los trabajadores que llegaron a juicio, ascendió a 13.712 euros, aunque fuentes judiciales explicaron a este diario que esa cifra solo refleja una realidad matemática, en ningún caso cien por cien real. La razón estriba en los pleitos ganados por ejecutivos con sueldos muy altos, que desvirtúan, en parte, ese cálculo.
Asuntos resueltos
El total de asuntos resueltos por los jueces fue de 2.842, de los cuáles 743 correspondieron a despidos.
Según la estadística que maneja el Ministerio de Trabajo, cinco de cada seis sentencias dictadas en los juzgados son favorables a los trabajadores. Actualmente, hay seis juzgados de lo Social en Balears, 4 en Palma, 1 en Eivissa y 1 en Menorca.
A la espera de la reforma del mercado laboral, despedir a un trabajador puede llevar asociada una indemnización de 20, 33 o 45 días, según cada caso.
Si un juez determina que el despido es improcedente su coste asciende a 45 días por año en la empresa en el caso del asalariado fijo (con un tope de 42 mensualidades) y de 33 si el contrato que media es el de fomento del empleo (limitado a 24 meses). La ley establece que la indemnización mínima por un despido colectivo es de 20 días por año trabajado con un límite de 12 meses. Sin embargo, los expedientes de regulación de empleo (ERE) se negocian entre sindicatos y patronal.).