El empresario Miguel Zorío ha declarado hoy al juez que Iñaki Urdangarin le llamó por teléfono el 22 de febrero, tres días antes de la declaración judicial del duque de Palma, para comentar la comparecencia de ambos como imputados así como la expectación mediática entorno al caso.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez del caso Palma Arena, José Castro, ha preguntado a Zorío durante su declaración esta tarde por la pieza sobre el Instituto Nóos si ha mantenido algún contacto con el duque, a lo que ha contestado que le llamó para hablar de su comparecencia.
Lo hizo, según ha dicho, para preguntarle cómo se encontraba en vista de que ambos están en la misma situación de imputados en el caso Nóos, y durante la conversación también hablaron de la presión mediática que soportan.
Zorío también ha indicado al juez, tal y como ya dijo en su comparecencia ante la policía, que cree que tanto Torres como Urdangarin siguieron vinculados al Instituto Nóos hasta 2008, pese a que en 2006 el duque dejó la presidencia de esta entidad por consejo de la Casa Real.
Este imputado es dueño de la empresa Lobby Comunicación, que trabajó con asiduidad con Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres a partir de 2004.
Lobby se hizo cargo de la comunicación del Valencia Summit, una cumbre deportiva investigada en esta pieza que organizó Nóos durante tres años para el Gobierno valenciano por un total de 3,1 millones de euros, y colaboró también con Nóos en un proyecto para que Valencia fuera la sede de los Juegos Europeos
A su salida de los juzgados de Palma, Zorío ha afirmado a los periodistas que su percepción era que tanto Urdangarin como Torres tenían «la misma capacidad de decisión» en el Instituto Nóos.
Ha defendido asimismo que su empresa «no ha hecho absolutamente nada, nada, nada ilegal en este caso» y ha añadido que ha podido demostrar al juez que las facturas de sus sociedad «siempre tienen un servicio real detrás y son absolutamente regulares».
Después de Zorío, ha declarado ante el juez el exdirector de la empresa pública responsable de Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA), José Manuel Aguilar, que contrató al Instituto Nóos para organizar el foro sobre deporte Valencia Summit, un evento que ha defendido en su comparecencia.
Aguilar, que estuvo al frente de CACSA de junio de 2003 a enero de 2005, autorizó cofinanciar por un total de 3,1 millones de euros el foro promovido por la empresa de Urdangarin y Torres junto con la entidad pública municipal Valencia Turismo Convention Bureau.
Como ya declaró ante la policía, el imputado ha defendido que el Valencia Summit, que se celebró durante tres años, encajaba en los objetivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que estaba interesada en promover eventos que tuvieran repercusión mediática.
Según han indicado fuentes jurídicas, Aguilar ha negado que hubiera aceptado la propuesta de Nóos por proceder de Iñaki Urdangarin y ha asegurado que supo que el duque de Palma presidía el instituto después de suscribir el convenio para impulsar las jornadas sobre deportes.
El exdirector de CACSA ha declarado que desconoce por qué no se pidió al Instituto Nóos que justificara los costes del Valencia Summit ya que eso, ha explicado, era labor de los servicios jurídicos de la empresa pública valenciana.
Aguilar ha considerado que el carácter exclusivo de la propuesta de la empresa de Urdangarin la exoneraba de ser aprobada mediante un concurso público.
El juez Castro ya no tiene previsto nuevas comparecencias hasta mediados del próximo mes de abril, cuando iniciará en Palma una ronda de declaraciones que se extenderá hasta mayo y se ampliará a Barcelona, Valencia y Madrid, donde declararán medio centenar de testigos, entre ellos los expresidentes del Valencia y el Villareal Francisco Roig y Fernando Roig, y el vicesecretario de estudios y programas del PP, Esteban González Pons.
Este calendario podría alterarse si, como ya advirtió cuando se acogió ante el juez a su derecho a no declarar, Diego Torres cambia de criterio y pide cita al instructor para explicar su versión de los hechos investigados.