Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, declarará como imputado el día 22 de mayo después de que así lo haya pedido al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que fue presidido tanto por Torres como por el duque de Palma.
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha informado de que el abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha pedido esta mañana formalmente la declaración de su defendido y ha solicitado asimismo que se le emplace después del 17 de mayo, día en que tendrá que comparecer el último de los imputados citados hasta ahora, el expresidente balear Jaume Matas.
El juez ha decidido fijar la fecha de la comparecencia el próximo 22 de mayo a las 9.30 horas, cuando el exsocio del duque de Palma tendrá que acudir al juzgado de instrucción 3 de la capital balear para dar cuenta de las supuestas irregularidades en torno a la actividad de Nóos.
Diego Torres, que presidió el instituto a partir del año 2006, cuando lo abandonó Urdangarin a instancias de la Casa Real, compareció ante el juez Castro el pasado 11 de febrero, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar advirtiendo de que lo podría hacer posteriormente a petición propia.
Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo.
Tras las nuevas declaraciones tomadas a los imputados en el caso los días 11 y 18 de febrero, el fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado Urdangarin, quien señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos y aseguró que su relación con su exsocio es «inexistente» desde julio de 2008 por «disparidad de criterios» sobre proyectos compartidos y sus facturaciones.
Urdangarin, presidente del Instituto Nóos entre los años 2004 y 2006, aseguró asimismo al juez que rompió su relación con Torres porque creía que le estaba robando.
El duque de Palma se desentendió de las labores administrativas y de facturación de Nóos, atribuyéndoselas a Torres y otras personas, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las «relaciones institucionales a gran nivel y diseñar los planes comerciales».
De los asuntos contables, el duque de Palma detalló que se encargaba otro de los imputados, Marco Antonio Tejeiro, quien, a su vez, recibía órdenes de Torres.
Urdangarin no ha sido el único en apuntar a Torres como responsable de Nóos y otras empresas vinculadas al duque y su exsocio, sino que también dos exempleados de empresas propiedad de ambos declararon al juez que Torres era quien tomaba las decisiones de gestión de las sociedades investigadas por un posible desvío de dinero público.
Fueron, el pasado 5 de marzo, Mario Sorribas, apoderado de Aizoon -la inmobiliaria que comparten Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina- y que ostentó varios cargos en empresas de la supuesta trama, así como Juan Pablo Molinero, exempleado de Nóos Consultoría, empresa propiedad de Urdangarin y Torres.
El primero explicó que Torres le pidió que figurara como administrador de la sociedad De Goes en España, la cual sirvió supuestamente para desviar dinero público del Instituto Nóos a paraísos fiscales, y el segundo atribuyó al exsocio de Urdangarin la orden de enviar dos presupuestos para simular concurrencia en un contrato público que la Fiscalía cree que fue amañado.
No sostuvo, sin embargo, esta versión ante el juez el también imputado Miguel Zorío, dueño de la empresa Lobby Comunicación y que trabajó con asiduidad con Urdangarin y Torres a partir de 2004 y que compareció tan solo un día después.
Tras declarar, Zorío afirmó que ambos tenían «la misma capacidad de decisión» en el Instituto Nóos y durante su interrogatorio aseguró que Urdangarin sí siguió vinculado a la entidad sin ánimo de lucro más allá del año 2006.
La Fiscalía indaga en esta pieza del Palma Arena los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, centrando sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.