Esta semana conocíamos una de esas sentencias que pasará a la historia por su trascendencia. La Audiencia Provincial condenaba a seis años de prisión a Jaume Matas y de este modo dejaba al expresident del Govern a las puertas de la cárcel.
La resolución consideraba a Matas culpable de delitos de malversación, falsedad en documento público y privado, prevaricación y tráfico de influencias. Todo por concebir la «estratagema» que permitió pagar al redactor de sus discursos, Antonio Alemany. El texto era especialmente duro con Matas al que rechazaba aplicar una pena más baja por su papel como máximo responsable de la administración: «Que se traduce en el máximo plus de reproche cuando se hace un uso torticero. Debe pues servir a la Administración, nunca servirse de ella».
También el periodista Antonio Alemany recibía una condena de prisión de obligado cumplimiento: tres años y nueve meses. Las dos exdirectoras de gabinete Dulce Linares y María Umbert fueron absueltas y el exdirector de comunicación Joan Martorell y el administrador de la empresa Nimbus, Miguel Romero, ven reflejados los pactos a los que llegaron con Fiscalía con condenas de año y medio y año y un mes de prisión respectivamente.
El ministerio público y la acusación particular también se llevan algunos reveses en la sentencia.
Los ciudadanos encuestados en Eivissa por este periódico mostraron una postura unánime: si alguien ha cometido algún delito debe pagar por él y si así lo dicta la justicia ir a la cárcel, máxime cuando estamos hablando de un expresident del Govern y exministro, como es el caso de Jaume Matas.
Coinciden también la mayoría de los cuestionados por el asunto en que esta sentencia y este caso solo representa una pequeña parte de toda la corrupción política que existe en España.
«Esto es solo la punta de un gran iceberg»
Los ciudadanos muestran sus opiniones sobre la sentencia que condena al expresidente de Balears
C.Cires / V. Malagón / P. Candia | Eivissa |