El TSJ rechaza el recurso de los propietarios de Benirràs contra la moratoria del Consell

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha declarado «inadmisible» un recurso contencioso interpuesto por los propietarios de Benirràs contra la Norma Territorial Cautelar (NTC) que aprobó el Consell en tiempos de los progresistas y que impedía construir en este paraje.
El argumento esgrimido es que esa moratoria se aprobó por parte de la institución de forma previa a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que elaboraron los progresistas. Una vez se aprobó el PTI modificado (que más tarde retiró Xico Tarrés) la norma quedó sin efecto. En concreto, el nuevo PTI decía en su artículo 2 que derogaba la Norma Cautelar, ya que se trataba de medidas provisionales.
Es por ello que ahora el tribunal declara en esta sentencia que el recurso es «inadmisible», aunque en ningún punto se hace mención a que ese PTI fue retirado más tarde.
El presente recurso fue presentado por doce particulares y tres sociedades limitadas contra la Norma Cautelar aprobada en octubre de 2008. En su argumentación, decían que la moratoria que les impedía construir era «contraria al ordenamiento jurídico».
Según la sentencia, los recurrentes son todos propietarios de parcelas ubicadas en la urbanización de Benirràs (Sant Joan) que, según ellos, tienen la condición de suelo urbano consolidado ya que tienen Plan Parcial aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en 1984 y publicado en el BOIB en 1985.
Asimismo, los dueños de los terrenos recuerdan que tienen el proyecto de urbanización «completamente ejecutado» conforme acredita el certificado final de obras de 27 de marzo de 1992 recepcionada por el Ayuntamiento. Asimismo, destacan que con informes favorables de los técnicos se aprobó definitivamente el proyecto de parcelación de fincas en virtud del cual el Ayuntamiento fue compensado con el pago del 10% de aprovechamiento medio con la entrega de varios solares. Los propietarios recuerdan además que esta condición de suelo urbano consolidado se reconoció por una sentencia de 2003. Los motivos de impugnación de la Norma Cuatelar son que «se vulneran actos propios» y que hay «incidencia de la administración en desviación de poder».
El PP quiere desproteger ahora este paraje para evitar el pago de indemnizaciones.