El Consell aprobó ayer un incremento de tasas del campamento de Cala Jondal del 17%. El conseller de Joventut, Rafael Triguero, explicó que el objetivo es «mejorar el servicio» de una instalación que es un «referente en Balears».
El conseller de PSOE-Pacte Juanjo Cardona mostró su preocupación porque «lo único que se hace es subir tasas y recortar» y Triguero defendió que se han visto «obligados» a revisar precios por «responsabilidad política» y lo atribuyó a la situación económica heredada de los progresistas. «Es una mínima subida para mantener el servicio», añadió el conseller, a lo que Cardona replicó que un 17% no le parece «mínimo» y le recordó que la institución «no debe ser un negocio», sobre todo en momentos de crisis. «No es aceptable, mejor que reclamen al Govern el dinero que pertenece a los ibicencos», añadió PSOE-Pacte, que votó en contra de la medida.
Por otro lado, se aprobó la instauración de unas tarifas para uso de las aulas y las pistas del centro de exámenes de Santa Gertrudis. Para prácticas del permiso de conducir la tarifa será de 22 euros y para las aulas los precios van de los 40 y los 75 euros por dos días. Para uso de las pistas se cobrará de 75 a 300 euros diarios. Triguero indicó que existe mucha demanda de entidades deportivas y Cardona criticó que se trata de una «nueva tasa recaudatoria».
Por otro lado, la progresista Patricia Abascal preguntó qué pasará con las 1.600 personas que tienen derecho a la ayuda de la dependencia tras el recorte de Rajoy y lamentó que no funcionen las residencias de Sant Antoni (que está cerrada) y Can Raspalls (solo atiende a 6 personas) cuando hay una lista de espera de 140 afectados. La consellera de Benestar Social, Mercedes Prats, garantizó que se mantendrá la atención a dependientes y criticó que los progresistas contrataron a una directora de Sant Antoni que cobraba 2.500 euros mensuales sin que estuviera abierta. También confió en que se pueda abrir la de Sant Antoni «si puede ser de forma pública» (Abascal le preguntaba si la privatizaría») una vez haya «racionalizado las de Can Blai y Can Raspalls. Denunció que 200 personas sufrieron retrasos de la ayuda de la dependencia.