El conseller d'Economia, Álex Minchiotti, aseguró ayer que no dimitirá por el asunto del crédito ICO tal y como le pide la oposición. Esta polémica se produce después de que un fallo en el envío del plan de ajuste al Gobierno central haya provocado el rechazo de la concesión del crédito ICO de 8 millones al Consell para pagar a proveedores y de que el presidente Vicent Serra haya anunciado una investigación interna en los servicios de intervención para esclarecer qué ha pasado.
«Es un tema técnico y no político y pediría a PSOE-Pacte que en esta situación de crisis hagan una oposición más leal y constructiva», remarcó Minchiotti, que aseguró que este crédito se pidió precisamente para hacer frente a las deudas que se encontraron tras el período progresista y que siente «pena» por la actuación de la oposición. El conseller anunció que no dimitirá, que seguirá trabajando y recalcó que esto no afectará a los proveedores, que cobrarán igual.
El problema ahora es que el Gobierno pagará directamente a los proveedores, con lo que restará una cantidad de los 2,1 millones que aporta mensualmente al Consell. Aún no se ha dicho qué cantidad sustraerá cada mes, aunque Minchiotti calcula que podrían ser 300.000 euros según lo que dice el decreto. Si fuera esta cantidad podrían seguir adelante «sin tener que recortar ningún servicio». Además, recordó que han presentado un recurso para que se acepte que han hecho el envío del plan bien aunque no haya sido vía telemática como se especificaba en el decreto. Por ello, aún no es descartable que les den finalmente el ICO y si no es así, pedirán que se les reste una cantidad mensual que sea «asumible» por la institución. Minchiotti sí que reconoció que hay que devolver esta cantidad en menos de diez años, por lo que será «una carga más gravosa» que si se hiciera a través del ICO.
La consellera de PSOE-Pacte Patricia Abascal acusó ayer a Minchiotti de «ineptitud» y de «echar la culpa a los funcionarios». Aseguró que el conseller es el único responsable y que acusar a los trabajadores denota «bajeza moral». También auguró problemas para cumplir el presupuesto con este sistema de restar dinero de las aportaciones del Gobierno. El portavoz de PSOE-Pacte, Xico Tarrés, cree que Minchiotti está «criminalizando» a los funcionarios. «No son culpables de perder un crédito, si esto lo hubiéramos hecho nosotros nos hubieran dicho de todo; los políticos siempre son los responsables», añadió Tarrés.
Minchiotti negó estas acusaciones y dijo que lo único que quieren es averiguar con un expediente informativo por qué se decidió no enviar el documento de forma telemática como marcaba el decreto. «Es una cuestión técnica, aquí no ha habido decisión política, queremos ver si ha habido alguna negligencia», añadió el conseller, que ha pedido un informe detallado a todas las personas que intervinieron en este asunto.
Pese a que algunos aseguran que Minchiotti no se lleva bien y no se habla con el interventor de la institución, Francisco Gómez Guadalajara, el conseller indicó que «no hay mala relación». «Tengo comunicación directa con él», añadió Minchiotti.
Se da la circunstancia de que el interventor ya hizo un informe negativo para la petición del ICO que molestó a los populares. Este funcionario es inamovible porque tiene su plaza de carrera de habilitación estatal y la ocupa desde tiempos de Pere Palau.