Pese a las muchas dificultades que ha sufrido el Consell para conseguir el crédito ICO, finalmente el Ministerio de Hacienda autorizó ayer la cantidad íntegra demandada, que asciende a 6 millones. Ahora, el máximo interés de la institución es lograr reducir el plazo en el que devolver este dinero solicitado para pagar a los proveedores. En principio se había previsto retornar ese dinero en diez años, pero como finalmente el crédito es inferior se trabajará para reducir el período. Cuando salió la convocatoria se hablaba de pedir 10 millones, pero esta cantidad se ha ido reduciendo paulatinamente porque se han sacado de la lista facturas que no cumplían con los requisitos o que ya se han ido pagando.
Gracias a la presentación de un requerimiento y a las gestiones políticas realizadas por el Consell finalmente el Ministerio accedió a abrir de nuevo el plazo de presentación por vía telemática del plan de ajuste el día 8 durante unas horas.
Ahora el siguiente paso es aprobar en el pleno de mañana un acuerdo formal de petición del crédito. Después, el ICO ingresará directamente por transferencia «en las cuentas de los proveedores» el importe de las facturas, según explicó el conseller d'Economia, Álex Minchiotti, que garantizó que a final de mes todos habrán cobrado.
El Gobierno les ha informado de que se abrirá un segundo crédito para solicitar en junio para colocar las facturas que no se hayan podido pagar ahora y el conseller pedirá si se pueden incluir algunas de 2012. «Durante julio se podría cobrar», informó Minchiotti, que indicó que a partir de ahora con la ley de estabilidad financiera deberá haber un equilibrio presupuestario constante. Cada tres meses habrá que entregar un informe al Ministerio y si no cumplen habrá sanciones de 160.000 euros (0,2% del presupuesto).
El conseller aseguró que ahora se ha quedado tranquilo, pero lamentó la actitud de la oposición, que le ha decepcionado porque ha «creado alarmismo entre los proveedores».
El crédito ICO corresponde a facturas del Consell y Fecoef. Las cantidades pendientes de pagar de la Fundación Turística (1,7 millones) y del Consorcio Sociosanitario (un millón) las pedirá el Govern a través de un ICO del que se sabrán cosas el 22 de mayo. Si el Gobierno no acepta será el Consell el que pague directamente a los proveedores.