El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Eivissa, Juan Mayans, anunció en uno de los últimos plenos de la Corporación que estaba en contacto con la adjudicataria de la gestión del Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de vehículos en la vía pública (ORA), Park Control 2000 S.L, para poner todo a punto de cara al verano.
Sin embargo, con la temporada iniciada, las máquinas expendedoras de tickets no aceptan el pago con tarjeta y hay calles en las que es difícil adivinar que se trata de un área de aparcamiento de pago porque la pintura azul brilla por su ausencia. Esto ocurre, por ejemplo, a lo largo de la calle Joan Xico, entre Vía Púnica y Vía Romana, y en algunas zonas de otras vías de la ciudad necesitadas de señalización horizontal.
Por otra parte, el inexistente servicio de pago con tarjeta no es una denuncia nueva. La misma crítica publicó este periódico hace más un año y la situación sigue igual, según se pudo comprobar en varias expendedoras de la ciudad.
Aún así, el Consistorio aseguró ayer que la empresa hizo una revisión de las máquinas y que ahora funcionan «correctamente» cuando antes se habían recibido quejas de que algunas «no funcionaban bien, no tenían papel o no daban cambio», según aseguró el portavoz municipal que, sin embargo, no ofreció ninguna explicación sobre la imposibilidad de pagar con tarjeta.
Las multas
Por otra parte, a punto de que el Ayuntamiento de Eivissa incremente el precio de las multas de los 50 euros actuales a 80 euros (de 25 a 40 si se pagan antes) como parte de su Plan de Ajuste para pagar a sus proveedores, también hay quejas sobre las sanciones. Como ejemplo, una usuaria recurrió ayer dos sanciones: una multa que la empresa le impuso por haber excedido el tiempo de aparcamiento, una sanción que la conductora había anulado en tiempo y forma y que puede demostrar ya que cuenta con el resguardo de anulación. La segunda multa le acusaba de no haber puesto el ticket en el parabrisas, papel con el que también cuenta y que refleja la misma hora y el día en el que fue sancionada.
Ahora, la usuaria exige en sus recursos «la depuración de responsabilidades por las molestias ocasionadas indebidamente».