La Sindicatura de Comptes de Balears pide al Govern, tras analizar las cuentas de la Comunidad autónoma de 2010, que sea «más cuidadoso» a la hora de otorgar subvenciones y en el uso de los contratos menores, y que se hagan efectivos los principios de publicidad y concurrencia.
Según se recoge en este informe que fue entregado ayer al Parlament balear, de los expedientes analizados «se desprende que se debería exigir un cumplimiento más cuidadoso de las solicitudes y de las justificaciones» en lo que se refiere a las subvenciones que concede la Administración pública.
También se pide que se realice un «seguimiento estricto» de los proyectos y, «si es el caso, llevar a cabo el procedimiento de reintegro» del dinero en caso de incumplimiento.
El nivel de contratación pública alcanzó en 2010 los 1.407 millones de euros y la Sindicatura también pide que se haga un uso «cuidadoso» de los contratos menores y no se acuda al fraccionamiento de los mismos.
La Sindicatura propone además que no se incluyan requisitos de solvencia técnica o profesional entre los criterios a evaluar para la adjudicación de los contratos en los procedimientos abiertos. Es decir, la finalidad es que las concesiones se hagan con «criterios objetivos», señaló el ‘síndic major', Pere Antoni Mas, a los periodistas tras entrevistarse con el presidente del Parlament, Pere Rotger.
Otro requerimiento que se hace es que se prevean las «necesidades reales» y se cuantifiquen financieramente los contratos con suficiente previsión para no hacer «un uso excesivo de modificaciones» económicas.
El informe refleja que en 2010 el crédito inicial de la Comunitat aumentó un 21,8% (741 millones de euros) hasta situarse en los 4.125 millones de euros, debido sobre todo a la caída de los ingresos en 400 millones.
Estas cifras desvelan una situación económica-financiera de la Comunitat balear que es «negativa de manera importante» con un déficit de 400 millones de euros en 2010, comentó a los periodistas el ‘síndic major', que en ningún momento se quiso pronunciar acerca de la posibilidad de que la Comunidad balear pudiera ser intervenida por parte del Estado.
Al cierre de ese año, el endeudamiento vivo de la Administración balear fue de 2.901 millones con un incremento del 28,7 % sobre el ejercicio anterior.