La portavoz de la Plataforma por la Convivencia, Alda Yurramendi, intervino ayer en el pleno del Consell para denunciar la situación en la que quedan los inmigrantes sin papeles con el nuevo decreto del Gobierno que les niega la asistencia sanitaria. «Apelamos a la solidaridad y a la coherencia de un partido que dice querer integrar a los inmigrantes», dijo Yurramendi, que pidió al Consell que solicite al Govern que no aplique en Balears este decreto, como harán otras comunidades. La portavoz recordó que en las Islas uno de cada cuatro ciudadanos es extranjero y pidió que se «evite el sufrimiento y la muerte de personas por una ley injusta, insolidaria e inhumana». Yurramendi calcula que en las Pitiüses hay entre 1.500 y 2.000 personas sin papeles, aunque también se quedarán sin tarjeta los que se queden sin trabajo, por lo que la cifra puede ser mayor.
El presidente del Consell, Vicent Serra, acusó al PSOE de dejar 16.000 millones de déficit en la sanidad y garantizó que sí que se dará atención a las mujeres durante el embarazo y post-parto, a los menores de 18 años, a los casos de urgencia y asistencia oncológica o VIH, entre otros. Además, se concertarán «mecanismos de colaboración con entidades» para dar cobertura sanitaria a quien lo necesite. «Decir otra cosa es demagogia», indicó Serra, que añadió que el sistema sanitario balear estaba en «colapso» cuando llegaron y se había gastado un millón de más.
«Romper el sistema»
La consellera de PSOE-Pacte Patricia Abascal criticó la «marginación» a la que somete el Gobierno a determinados colectivos al «romper» con un sistema sanitario que era «universal y gratuito». Pidió que la medida no se adopte en Balears y aseguró que habrá personas con cáncer o hemodiálisis que no serán atendidas. Fue la primera vez que una entidad intervino en el pleno en virtud del nuevo reglamento de participación ciudadana.
Por otro lado, el equipo de gobierno rechazó la petición de PSOE-Pacte para solicitar al Govern dinero para abrir las residencias de Sant Antoni y Sant Jordi. La consellera de Benestar Social, Mercedes Prats, dijo que se hará cuando la «situación económica lo permita» y acusó a los progresistas de «mala gestión». Denunció que ahora están rehaciendo la contabilidad del consorcio y que solo en las cuentas de 2008 y 2009 hay un desfase de 2,7 millones. Prats también acusó a la progresista Abascal de querer privatizar las residencias en la pasada legislatura. La consellera de PSOE-Pacte lo negó y aseguró que tuvo contactos con empresas privadas para saber el coste de gestión, ya que el PP «no dejó plan económico». También defendió que sí que se hizo la contabilidad.