El equipo de gobierno de Vila aprobó ayer con el apoyo de Nov-A modificaciones en dos ordenanzas que afectan a los bares y comercios del municipio. La primera está destinada a rebajar las multas por incumplimiento de horarios de cierre. La segunda, a levantar la prohibición de tener relaciones públicas en los establecimientos, pero regulando su presencia.
Por un lado, la modificación de la ordenanza de horarios rebaja las sanciones para bares y cafeterías porque se contemplaba la misma multa para pequeños establecimientos que para grandes discotecas, y podían suponer la ruina para los primeros. De esta forma, se reducen las sanciones leves a 750 euros, cuando antes eran de 6.000; las graves costarán entre 750 y 1.500 euros, en vez de 15.000 a 30.000 euros; y las muy graves oscilarán entre los 1.500 a 3.000 euros, cuando hasta el momento podían alcanzar los 60.000 euros.
Esta propuesta se presentó en el pleno el pasado mes de febrero pero se retiró para agregar «sanciones accesorias», según el concejal de Turismo, Ignacio Rodrigo, con el objetivo de que esta reducción no abra la puerta a la reincidencia. Ahora, la ordenanza contempla la clausura temporal del establecimiento o la revocación del permiso de terraza durante un plazo máximo de seis meses si se ha cometido más de una infracción en el término de un año. Eso sí, todo ello, cuando haya un resolución firme de la primera sanción.
Los grupos ExC y PSOE-Pacte se abstuvieron de la votación. «Le damos el beneficio de la duda», aseguró el socialista Marc Costa al concejal Rodrigo para expresar su desconfianza sobre la posibilidad de castigar la reincidencia «si no somos capaces de resolver los expedientes en tres meses». En su turno, Vicent Ferrer de ExC, recordó que los horarios y sanciones se pactaron en la anterior legislatura entre todos los ayuntamientos y destacó que «hay gente que por metodología incumple los horarios». «Espero que sepa controlar la ciudad», le dijo a Rodrigo.
En cuanto a la nueva ordenanza de publicidad dinámica, tanto ExC como PSOE-Pacte votaron en contra. Según Vicent Ferrer, porque es una actividad «complicada» de ordenar y, según la edil socialista, Carmen Boned, porque «ya estaba regulada» en la anterior ordenanza al estar prohibida.
Más a favor se mostró Antonio Villalonga de Nov-A que ofreció su apoyo al equipo de gobierno siempre que el puerto no se convierta «en un bazar del Magreb».
Por su parte, el concejal Rodrigo reconoció que necesita «suerte» para regular este tema, y destacó que la idea es «intentar ordenar la realidad» ya que aunque los relaciones públicas estaban prohibidos, igualmente trabajaban en el puerto de forma ilegal. En este sentido, aseguró que el Consistorio asume «con seriedad» el nuevo intento y prometió que será «contundente a la hora de que la gente respete las leyes».
Entre otras cuestiones, la nueva ordenanza permite un relaciones públicas por bar todo el año, y dos en verano para los establecimientos superan los seis metros de fachada. Asimismo, la norma prevé que lleven una vestimenta identificativa y un carnet acreditativo.
La aprobación de ambas ordenanzas convocó a la Asociación de Comerciantes del Puerto y a empresarios del sector que ayer abarrotaron la sala de plenos. Sin embargo, la oposición coincidió en que no eran los empresarios presentes los que incumplen la ley, sino otros que vienen a hacer la temporada, hacen competencia desleal y molestan a los vecinos. «El Ayuntamiento será muy estricto con los horarios y la ocupación de vía pública», insistió Rodrigo.