La carta de dimisión que presentaron los críticos cuando abandonaron la gestora, a la que tuvo acceso ayer este periódico, denuncia que en el PSOE ibicenco antes del congreso se vivió un clima de «enorme hostilidad», con una «cultura de la conspiración permanente» y una «lucha cenagosa por el poder». «Se dio rienda suelta a las descalificaciones personales, la compra de voluntades y las presiones de todo tipo», lamentan los tres dimisionarios, los críticos José Manuel Bar, Pilar Ferrero y Manuel Rubio, que aseguran que «cualquier cosa parecía estar justificada».
Por eso piensan que abrir expedientes disciplinarios solo en uno de los dos sectores (se ha suspendido de militancia a los críticos Antonio Roldán y Javier Pina) es «un sarcasmo». Según los dimisionarios, esta no es la solución porque «solo sería un capítulo más y un argumento más para la futura venganza», además de que «no sería justo». Es por ello que no son partidarios de «permitir una caza de brujas unilateral» ni de intentar buscar soluciones «por la vía disciplinaria».
«Discriminación»
Los críticos tampoco entienden que el presidente de la gestora, Joan Boned, y el resto de miembros oficialistas detecten responsabilidades presuntamente dignas de reproche disciplinario en ciertos militantes (la resolución del PSIB habla de los críticos Bernardo Escalona y de Carlos Salinas) pero luego, de forma «arbitraria y discriminadora» se propongan medidas para otros diferentes (Roldán y Pina) «a los que se atribuye la instigación de las faltas». También aseguran que se ha propuesto a algunos el «olvido de sus expedientes a cambio de la inculpación de otros» y critican que se anuncia a la prensa «sin rubor» que los expedientes «se irán secuenciando». «Solo es entendible como un intento de pacto oscuro más, ahora en clave de amenaza, como una nueva compra de voluntades», dicen los críticos, que creen que el expediente a Pina y Roldán tiene el único propósito de «descabezar al adversario y quitarlo de en medio antes de las asambleas locales». Tampoco ven lógico que se «omita la investigación» sobre un hecho «vandálico» y de «gran gravedad» como fue, a su juicio, el abandono del congreso por parte de los renovadores/oficialistas..
Ahora proponen crear una gestora totalmente renovada y «equilibrada», que se anulen los expedientes y se convoque el congreso.